El presidente de EE UU, Donald Trump, no tiene el derecho a bloquear usuarios de su cuenta de Twitter. Así lo ha determinado un tribunal, que considera que se trata de una acción "inconstitucional".

La resolución se produce después de que varios usuarios de Twitter y el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia (Nueva York) presentaran una demanda en julio de 2017 contra el presidente Trump por bloquearlos en Twitter por hacer comentarios críticos. Los denunciantes argumentaban que el mandatario utiliza su cuenta personal (@realDonaldTrump) para difundir información oficial del Gobierno, por lo que sus mensajes deberían ser accesibles a todo el mundo.

Unanimidad

En una decisión unánime de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del país, el juez Barrington Parker apunta que su conclusión se basa en la primera enmienda de la Constitución de EE UU, que garantiza la libertad de expresión. "La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en internet por el hecho de que haya expresado opiniones con el que el funcionario no esté de acuerdo", señala Barrington.

Según el juez, el Gobierno del país y sus representantes son objeto en la actualidad de un "debate abierto y robusto", y señaló que aunque frecuentemente estas discusiones puedan ser "incómodas y desagradables", son "sin embargo algo bueno".

62 millones de seguidores

La cuenta de Twitter del presidente Trump, @realDonaldTrump, acumula casi 62 millones de seguidores, y es utilizada por el mandatario con frecuencia para anunciar nuevas políticas o expresar opiniones que influyen en el flujo de noticias del día, y que reciben miles de respuestas.

Ante la denuncia, el equipo legal de Trump había afirmado que el presidente usaba la cuenta sólo a título personal y que por lo tanto tenía el derecho de bloquear a quien quisiera por la razón que considerara oportuna.

Con esta decisión, el tribunal de apelaciones ratifica una sentencia dictada por una corte federal en mayo de 2018, tras lo que la Casa Blanca desbloqueó a los denunciantes pero no a otros usuarios que no formaban parte de la acción legal.