El arresto domiciliario del expresidente colombiano Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema de Justicia en un proceso por fraude procesal y soborno de testigos, ha causado un gran terremoto político en el país, hoy más polarizado que nunca en torno a su figura.
La decisión judicial no tiene precedentes en el país, donde hasta ahora ningún expresidente había sentido de esa manera el peso de la ley y donde los procesos abiertos suelen acabar en absoluciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El caso de Uribe ha sido diferente porque por ser senador su caso lo vio la Corte Suprema que decidió este martes ordenar su arresto domiciliario.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
Expectación por el fallo judicial
El país entero esta ahora a la espera del contenido del fallo contra el expresidente Uribe para saber si tiene otros alcances, más allá de la detención, que puede prolongarse por un año, y los motivos que llevaron a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte a tomar esa medida que, según juristas, es habitual para impedir que el acusado pueda obstruir la justicia o incluso escapar.
Uribe, que tiene al menos quince procesos abiertos solo en la Corte Suprema por diversos delitos, ha comparecido siempre a las citaciones de la Justicia y ahora deberá aguardar privado de la libertad, aunque en su propia casa, el desarrollo de este caso. También está por saberse qué pasará con el escaño en el Senado de Uribe, que hasta ahora ha participado en las sesiones virtuales del legislativo ya que por la pandemia de covid-19 no hay debates presenciales.
Colombia, más polarizada que nunca
La detención domiciliaria del expresidente ha expuesto, nuevamente, la profunda división política colombiana donde la mitad del país lo venera como el "salvador de la patria" por su lucha frontal contra las FARC durante los ocho años de su Gobierno. La otra mitad quiere verlo entre rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados "falsos positivos", pasando por la corrupción y el espionaje de opositores e incluso de magistrados de la Corte Suprema, la misma que hoy lo tiene contra las cuerdas.
Esa polarización se ha hecho más que evidente en las reacciones a la decisión judicial. De hecho, el actual presidente colombiano, Iván Duque, que rompió una lanza por su mentor y jefe de su partido, el Centro Democrático, creado por Uribe en 2014 cuando rompió con su sucesor, Juan Manuel Santos y se convirtió en jefe de la oposición a su Gobierno y a las negociaciones de paz con las FARC.
"Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", ha manifestado Duque.
Su declaración es una referencia a la guerrilla de las FARC, cuyos líderes no han recibido aún ninguna condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado por los cuales hay varios procesos abiertos en la Justicia Especial para la Paz (JEP).