Javier Milei está en horas bajas y atraviesa los peores momentos desde que llegó a la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2023. Una combinación de factores políticos, económicos y sociales han debilitado su gobierno en varios frentes claves. El último revés ha sido una derrota histórica este jueves en el parlamento argentino, dado que el Senado ha rechazado por amplia mayoría (63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención) el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad. Eso obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia para personas con discapacidad y a garantizar prestaciones básicas, transporte, atención integral, y reforzar las pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo de jubilación. Esta derrota de Milei es significativa, porque es un hecho que no se había producido en los últimos 22 años en Argentina, ya que la última vez que el Congreso revirtió un veto presidencial fue en 2003 durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde. Pero no ha sido el único contratiempo para Milei, dado que Senado argentino también ha aprobado una modificación de la legislación de que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del ejecutivo, lo que limita las competencias del presidente.

La ley de la emergencia en discapacidad

La ley que declara la emergencia en discapacidad fue originalmente aprobada por el Congreso el 10 de julio, pero Milei vetó la norma el 2 de agosto para evitar su entrada en vigor, alegando que las medidas eran fiscalmente inviables. La decisión del Senado convierte este veto en el primero que Milei no ha conseguido que se mantenga durante su mandato, marcando un revés legislativo importante para su gobierno. Además, el veto fue rechazado después de una insistencia de la Cámara de Diputados y ahora la ley tiene que entrar en vigor, estableciendo la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. "Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación", indicó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. A causa del severo ajuste aplicado por el Gobierno de Milei, los discapacitados han sufrido recortes en la asistencia que necesitan, mientras que un poco más de 100.000 sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas.

Límites en los decretos de urgencia

Por lo que se refiere a la modificación de la ley sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), recibió 56 apoyos, 8 votos en contra y 2 abstenciones, según ha publicado el organismo legislativo a través de su cuenta de la red X. La medida fue impulsada y aprobada principalmente por los bloquesopositores y representa una derrota política significativa para Milei, ya que limita su capacidad para legislar de urgencia sin consenso parlamentario. Esta aprobación supone para el gobierno de Milei una fuerte limitación institucional y política en el uso de esta herramienta clave para gobernar por decreto.

La mayoría minoritaria en el Congreso obliga a Milei a negociar constantemente y le dificulta avanzar con su agenda de recortes fiscales y reformas liberales, lo cual genera un desgaste político notable, y por eso Milei utilizaba frecuentemente los DNU para evadir los controles legislativos. Pero con esta modificación aprobada, los DNU tendrán que ser ratificados por las dos cámaras del Congreso (Diputados y Senado) dentro de un plazo máximo de 90 días para que continúen vigentes; si no se aprueban explícitamente, perderán validez automáticamente. Entre las modificaciones introducidas, se establece que cada DNU trate una única materia, limitando la posibilidad de abarcar múltiples temas en un solo decreto. Eso representa un freno importante al hiperpresidencialismo y al uso frecuente y discrecional que el gobierno de Milei ha hecho de los DNU para evadir controles legislativos.

El rechazo al veto y la aprobación de la ley se ha producido en un contexto de críticas al impacto que los recortes del gobierno han tenido sobre los servicios sociales y la asistencia a personas con discapacidad, con la oposición parlamentaria usando esta derrota para evidenciar los problemas sociales y de corrupción en el gobierno de Milei. El presidente, quien ha vetado otras iniciativas similares como el aumento de emergencia del 7,2% de las jubilaciones, amenazó con judicializar el asunto y seguir vetando propuestas que aumenten el gasto estatal, pero esta vez el Parlamento impuso un límite a su poder de veto.

Otros factores de la crisis del gobierno Milei

Además de las derrotas legislativas y la fuerte oposición, la crisis del gobierno de Milei tiene otros factores, como un fuerte impacto económico negativo: desde que Milei llegó a la presidencia, más de 15.000 empresas han cerrado, principalmente pequeñas y medias, lo que afecta a la generación de empleo. La inversión extranjera ha sido negativa, con salida de capitales por valor de 1.700 millones de dólares en 2025, lo cual marca la peor situación en inversiones extranjeras desde hace 25 años en Argentina. Además, aunque hay control inflacionario, este se ha conseguido a través de fuertes ajustes que afectan sectores sensibles y generan descontento social. Los escándalos de corrupción, que implican a su hermana Karina, secretaría general de Presidencia, son otro motivo que erosiona su imagen, y que han puesto la calle en su contra, como cuándo tuvo que ser evacuado de un acto electoral en Buenos Aires después de ser atacado con piedras y huevos. La narrativa que lo llevó al poder, basada en un discurso disruptivo y de autenticidad, contrasta con la realidad y su gobierno se muestra incapaz de hacer frente a la crisis en los ámbitos económico y social, lo cual ha provocado una fuerte caída en su apoyo popular. Esta pérdida de popularidad que ha tenido recientemente, las tensiones sociales y políticas que provocan protestas por el malestar de las reducciones de derechos y beneficios sociales, y las amenazas con las cuales responde a sus derrotas parlamentarias erosionan su legitimidad y dan argumentos a la oposición.