El Departament de Salut tiene una cifra extraña sobre los objetores del aborto. En su comparecencia a la comisión de Salut del Parlament este jueves, la consellera Olga Pané ha explicado que su departamento tan solo tiene constancia de seis profesionales sanitarios objetores de conciencia para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) inscritos en el registro que entró en funcionamiento el año pasado. Un dato curioso, si tenemos en cuenta las cifras ofrecidas anteriormente.
Por ejemplo, los datos de Salut de 2020 —publicados en enero de 2022— revelaban que un total de 613 ginecólogos catalanes habían manifestado su objeción de conciencia para la realización de abortos. En febrero de 2023, el mismo departamento informó de que un 44% de los ginecólogos de Catalunya se habían acogido a la objeción de conciencia para no practicarlos. Es decir, que casi la mitad de los profesionales eran objetores, una cifra que contrasta con los seis (6) de los cuales ha hablado este jueves Pané. ¿Por qué esta diferencia? Porque en este caso solo hablamos de los sanitarios inscritos en el registro de objetores, creado en septiembre de 2024 —hace nueve meses.
El derecho a abortar, garantizado
La consellera ha recordado que los profesionales sanitarios pueden objetar por motivos de conciencia con respecto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que este derecho individual tiene que convivir con el derecho al aborto. La reforma de la ley de interrupción del embarazo del 2023 estableció que cada comunidad autónoma tenía que crear un registro de profesionales objetores a efectos organizativos y para una "adecuada gestión de la prestación". Cómo decíamos, en Catalunya se puso en marcha el año pasado y se han inscrito seis personas, según los datos de Salut hasta el 30 de mayo.
En cualquier caso, Pané ha dejado claro que el derecho al aborto se está ejerciendo "ampliamente", tanto farmacológica como quirúrgicamente, y que no tiene conocimiento que nadie se haya quedado fuera "por algún problema de acceso". "Catalunya es en estos momentos bastante ejemplar con la práctica de un procedimiento que forma parte de los derechos históricos de las mujeres", ha asegurado. Al respecto, el año 2023 se registraron 22.307 abortos voluntarios en el país, un 1,9% más que el año 2022, y el 84% fueron con financiación pública. La evolución coincide con el nuevo protocolo —que amplía el aborto farmacológico hasta las diez semanas en los centros de atención sexuales y reproductivas, y hasta las catorce semanas en un hospital— y el plan de mejora del acceso a métodos anticonceptivos de larga duración.
Los abortos en Catalunya
La consellera ha especificado que en 2023 había 84 puntos asistencial para la realización de las IVE en Catalunya: 39 centros de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR), 10 centros extrahospitalarios privados y 35 centros hospitalarios. El número de IVE en los ASSIR representó el 42%, mientras que las hechas en clínicas contratadas, el 47%; y a los hospitales, el 11%. La mayoría de los abortos públicos se hicieron con financiación pública, concretamente 18.701 de los 22.307 (84%). De estos, 11.730 se practicaron en centros que pertenecen al sistema sanitario público (SISCAT) y 6.971 en centros fuera del SISCAT, que en este caso tenían concierto con el CatSalut y han hecho tanto IVE financiadas públicamente como no. Un total de 3.606 abortos voluntarios (16%) no se financiaron públicamente. En la misma línea, más de la mitad de los abortos voluntarios (55%) se han hecho con un tratamiento propiamente farmacológico, mientras que el 45%, con un método instrumental o quirúrgico.
El grupo de los Comuns, que había pedido la comparecencia de la consellera para este tema, ha preguntado si los hospitales catalanes vinculados a la Iglesia seguían sin hacer abortos a pesar de ser una prestación incluida en la cartera de servicios, y han advertido que Salut no puede permitir objeciones ideológicas de los centros. Pané ha respondido que todos los hospitales catalanes están acreditados para hacer abortos, pero que en algunos casos los profesionales van a otro centro próximo con "quirófanos más apropiados" para estos procedimientos. "Creo que tenemos que asegurar la prestación, esta es la primera cuestión, y después de que las titularidades de un centro u otro no impliquen carteras de servicios a elección. En esto estamos de acuerdo y estamos trabajando", ha resuelto.