La ley de amnistía que hay en trámite en el Congreso de los Diputados no es una excepción europea. De hecho, la misma exposición de motivos de la norma presentada el 13 de noviembre de 2023 en la cámara baja española recoge que ya se había recurrido a ella en otros momentos (como la ley que se promulgó en el año 1977) o el hecho que esta sea reconocida explícitamente en el orden constitucional de buena parte de los países del entorno europeo. En otros, a pesar de no ser mencionada, se ha admitido, como pasa en Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia. Tanto es así que, desde la Segunda Guerra Mundial, se calcula que se han promulgado en Europa hasta medio centenar de amnistías.

Mientras se busca reforzar el actual texto de amnistía en el Congreso ante las investigaciones por presuntos delitos de terrorismo (sin muertos) o de alta traición, hay precedentes muy recientes de amnistías en el continente europeo que incluyen, incluso, delitos de sangre. El Reino Unido aprobó en septiembre de 2023, con el único apoyo del gobierno conservador de Rishi Sunak, la ley de Legado y Reconciliación sobre el conflicto en Irlanda del Norte. La norma busca prohibir la persecución penal de todos aquellos casos que quedaron sin resolver de crímenes cometidos durante los Troubles —conocidos como disturbios o problemas, durante tres décadas— antes del Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Se calcula que la violencia entre ambos bandos provocó más de 3.500 muertos. Este planteamiento ha sido rechazado por los partidos de la oposición, las formaciones de Irlanda del Norte e incluso el gobierno de Dublín ya ha elevado esta ley al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En definitiva, es una ley que pretende amnistiar los delitos de sangre cometidos por todo el mundo entonces, pero que más bien tiene pocos adeptos.

Una ley impulsada por el premier Boris Johnson

En julio de 2021, el gobierno británico —liderado entonces por Boris Johnson— sorprendía con el anuncio de un proyecto de ley para que prescribieran todos los crímenes vinculados al conflicto entre republicanos (católicos) y unionistas (protestantes) durante más de tres décadas —desde 1968 hasta el acuerdo de paz alcanzado el año 1998—. El ejecutivo del Reino Unido apuntaba entonces que la medida tenía que servir para perdonar "todos los crímenes cometidos por todas las partes" y, de esta manera, "certificar el punto final" de un conflicto sangrante. En este sentido, se incluyen tanto los implicados del ejército británico como miembros del IRA (Irish Republican Army, es decir, Ejército Republicano Irlandés). Además, esta propuesta llegaba en un contexto de tensión en Belfast: el Brexit había reabierto heridas. Irlanda del Norte votó a favor de mantenerse en la Unión Europea (56%) y eso supuso que, a todos los efectos, se mantuviera dentro del marco común del club comunitario. Ahora bien, supuso el riesgo de una frontera física dentro de Irlanda, conflicto que no se salvó hasta el pacto anunciado entre el gobierno del ya primer ministro Rishi Sunak con la Comisión Europea para aliviar los problemas en las aduanas.

Según los cálculos, antes de esta ley todavía había en curso en torno a un millar de investigaciones sobre crímenes que se remontan a la época de los Troubles. Aunque el Reino Unido no lo ha bautizado oficialmente como amnistía, todos los que son críticos con esta norma consideran que adopta esta forma. Desde Irlanda del Norte, todas las formaciones se mostraban en contra. También lo hacía el Partido Unionista Democrático, que la veía como "totalmente inaceptable". En Irlanda, sus dirigentes manifestaban que "una amnistía general" de estas características era una medida "muy injusta", mientras que los familiares de las víctimas señalaban que era una "perversión del sistema de justicia penal". De hecho, muchos de ellos precisaban que, en realidad, esta decisión del gobierno británico suponía beneficiar —principalmente— a los militares que se enfrentaron al IRA y que todavía tenían cuentas penales pendientes con la justicia. De hecho, del millar de casos abiertos hasta el 2019, se estima que unos 300 salpicaban directamente al ejército británico. La ley de Legado y Reconciliación en Irlanda del Norte sí que cuenta con el apoyo público de comisionados de veteranos de tropas del Reino Unido.

 

En el seno de los 'tories', había mucha presión para amnistiar a los militares británicos, pero algunos se mostraban poco proclives a esta medida porque, al mismo tiempo, suponía perdonar a los combatientes del IRA. Los laboristas también se han opuesto: su líder, Keir Starmer, afirmaba que "una amnistía total que incluya a los terroristas es un error". "Si queremos que las cosas avancen en Irlanda del Norte, lo primero que hay que hacer es hablar con las víctimas. Los políticos en Londres no podemos simplemente borrar los delitos de terrorismo u otros crímenes de sangre e imponer esta decisión a aquellos que lo sufrieron", añadía el jefe de la oposición en Westminster. Una de las críticas más desgarradoras llegó con una carta de Julie Hambleton dirigida a Boris Johnson. La hermana de Hambleton fue una de las 21 víctimas del atentado del IRA en un pub de Birmingham el año 1974. En la misiva, le planteaba al entonces premier: "Dígame, si uno de sus seres queridos hubiera sido destrozado hasta el punto de no ser reconocido, o si solo pudiera saber que era su hijo o hija por las huellas dactilares, ¿estaría de acuerdo con el hecho de que se impulsara una ley tan obscena?". También los familiares de víctimas de paracaidistas británicos y unionistas aseveraban que se trata de un "intento cínico por enterrar los crímenes de guerra del pasado".

Rechazo de Estados Unidos y Amnistía Internacional

En medio de este debate destaca el pronunciamiento de Estados Unidos. Tanto el presidente Joe Biden como más de una treintena de congresistas han expresado su rechazo a esta amnistía. En una carta escrita por demócratas y republicanos, algunos diputados calificaban la ley como "peligrosa" y alertaban de la afectación sobre "la paz y estabilidad" en Irlanda. "Niega la justicia, suprime la voluntad del pueblo de Irlanda del Norte y oculta la verdad del pasado", subrayaban. La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill (del Sinn Féin), decía entonces que se trataba de una "intervención significativa". Otro pronunciamiento de una entidad importante que rehusaba el Acta de Legado y Reconciliación es de Amnistía Internacional. El organismo sostiene que este plan pone de manifiesto un "menosprecio total por las víctimas" y que "las priva de su derecho a conocer la verdad y que se haga justicia".

Una amnistía "condicionada"

Ante esta lluvia de reproches, el gobierno de Reino Unido siempre se ha escudado con el hecho de que esta ley es una iniciativa que tiene "condiciones". En primer término, lo que contempla el texto es la constitución de una comisión independiente que "ayude a las familias a conocer la verdad" de lo que pasó. Este organismo tiene el nombre de Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información, con potestad para acceder a documentos oficiales y convocar a testigos. Está dotada con un presupuesto de 250 millones de libras y se inspira en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que investigó los años del apartheid. Con todo, la ley también contempla poner en marcha una reconstrucción de los hechos con una "historia oral" de los años de conflicto. A partir de aquí, se anulan las investigaciones en curso o que todavía hay pendientes. En definitiva, defienden sustituir los juicios por esta comisión, donde se espera la confesión de los autores de crímenes para que reciban a cambio inmunidad.

Las quejas llegan a los tribunales europeos

El enfado de Irlanda con el Reino Unido por esta amnistía anticipaba acciones judiciales. A finales de diciembre de 2023, el gobierno irlandés confirmaba su intención de llevar la Ley de Legado y Reconciliación de Irlanda del Norte al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Desde Dublín, argumentan que esta norma contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que esta impide amnistiar los crímenes de guerra, de tortura y de lesa humanidad. Un mes después, la justicia europea confirmaba la recepción de esta demanda de Irlanda, que apunta que la ley vulnera los artículos referentes al derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a un juicio justo, la reparación, la prohibición de la discriminación o un trato degradante e inhumano. En específico, apuntan a las vulneraciones de los artículos 2, 3, 6, 13 y 14 de la Convención Europea.