Tener artrosis o sufrir dolor crónico no significa, por sí solo, tener derecho a una pensión por incapacidad permanente. Sin embargo, miles de personas en España sí que pueden acceder a ella cuando la enfermedad limita de forma real y demostrable su capacidad para trabajar o corren riesgo de empeorar por culpa de su labor profesional. La clave está en las consecuencias funcionales que provoca la enfermedad en el día a día laboral.
La Seguridad Social no concede incapacidades solamente por el nombre de la enfermedad, sino por el grado de limitación que genera. Por eso hay trabajadores con artrosis leve que continúan en activo sin problemas y otros, con artrosis avanzada y dolor persistente, que no pueden seguir desempeñando su profesión y acaban obteniendo una pensión.
La artrosis no basta: lo que se valora es la limitación para trabajar
Los tribunales y el Instituto Nacional de la Seguridad Social analizan caso por caso sin excepeción. Lo que se examina es si la artrosis provoca pérdida de movilidad, rigidez articular, dolor continuo o imposibilidad de realizar tareas básicas del puesto de trabajo. No basta con presentar informes médicos que confirmen la enfermedad, ya que es imprescindible acreditar como afecta al rendimiento laboral.
En función de esa afectación, pueden reconocerse distintos grados de incapacidad. La parcial se concede cuando la persona puede seguir trabajando, pero con una merma clara de rendimiento. La total se reconoce cuando el trabajador ya no puede ejercer su profesión habitual, aunque sí otras diferentes. La absoluta, más difícil de obtener, se reserva para casos en los que el dolor y la limitación impiden cualquier tipo de actividad laboral.
Un albañil con artrosis severa en rodillas y caderas, una limpiadora con limitaciones graves en hombros o una peluquera con artrosis en las manos son ejemplos habituales en los que los jueces suelen dar la razón al trabajador. En estos casos, la exigencia física del puesto resulta incompatible con la enfermedad.
Profesiones más afectadas y qué pruebas suelen ser decisivas
Las profesiones con mayor carga física o necesidad de precisión manual son las que más posibilidades tienen de obtener una incapacidad por artrosis. Camareros, operarios de fábrica, conductores profesionales o trabajadores de la construcción aparecen con frecuencia en este tipo de resoluciones. La Seguridad Social suele valorar informes médicos actualizados, pruebas como radiografías o resonancias y, sobre todo, si la situación es crónica y no mejora pese a la medicación o la rehabilitación.
En la práctica, muchas solicitudes se deniegan en una primera fase administrativa y acaban resolviéndose en los juzgados. Los jueces recuerdan de forma reiterada que el dolor crónico y la pérdida de funcionalidad, cuando están bien acreditados, pueden justificar una incapacidad aunque la persona no esté completamente inmovilizada. Así pues, la artrosis no garantiza una pensión, pero tampoco la excluye. Todo depende de su factor limitante.