La entrada en vigor de la Ley de Vivienda ha cambiado de forma clara las reglas del juego en el mercado del alquiler, especialmente en las zonas tensionadas. Uno de los aspectos más relevantes es la actualización anual de la renta, un punto que durante años ha estado ligado directamente al IPC. Esa referencia ya no es válida en estos territorios y supone un cambio de calado para propietarios e inquilinos.
Durante décadas, el IPC ha sido el indicador habitual para revisar los alquileres, lo que en momentos de inflación elevada se ha traducido en subidas muy pronunciadas. Por este motivo la Ley de Vivienda introduce límites y un nuevo sistema de actualización que busca mayor estabilidad y previsibilidad en los contratos.
El fin del IPC como referencia en zonas tensionadas
La normativa estableció que en 2024 la subida máxima del alquiler es del 3%, independientemente de lo que marque el IPC. Este límite actúa como una medida transitoria mientras se prepara el nuevo índice estatal que sustituirá definitivamente al IPC como referencia en las actualizaciones de renta en las zonas tensionadas.
A partir de 2025, el cambio fue estructural. Desde el año pasado, la actualización del alquiler deberá realizarse utilizando el nuevo índice estatal, conocido como IRAV, y no el IPC. Esto implica que cualquier cláusula contractual que vincule directamente la subida del alquiler al IPC dejará de ser aplicable en estas zonas, al contravenir lo dispuesto en la Ley de Vivienda.
Qué es el IRAV y por qué se crea
El IRAV es un índice estatal que debe elaborar el Gobierno con el objetivo de ofrecer una referencia más estable y predecible para la actualización de los alquileres. A diferencia del IPC, este nuevo índice no podrá experimentar subidas bruscas ni reflejar de forma directa picos inflacionistas.
.En los últimos años, el IPC ha registrado incrementos muy elevados que se han trasladado a los alquileres, provocando aumentos difíciles de asumir para muchos inquilinos. El IRAV nace para evitar ese efecto, limitar la volatilidad y garantizar una mayor protección a los arrendatarios, especialmente en zonas donde el acceso a la vivienda ya es especialmente complicado.
La Ley de Vivienda persigue así un equilibrio entre la actualización razonable de las rentas y la protección del derecho a la vivienda. En las zonas tensionadas, el mensaje que el IPC deja de ser la referencia válida, y cualquier revisión del alquiler deberá ajustarse a los nuevos límites legales. Así pues, propietarios e inquilinos deben revisar sus contratos y adaptarse a un marco normativo que cambia de forma sustancial las reglas de la actualización del alquiler.