Es ilegal que un contrato de alquiler prohíba empadronarse en la vivienda, y muchos inquilinos desconocen que esta práctica vulnera una ley estatal. El empadronamiento es un derecho y una obligación legal, y ninguna cláusula contractual puede impedir que los residentes se inscriban en el padrón municipal donde habitan habitualmente. Por lo que cualquier cláusula que intervenga será nula.
El empadronamiento permite a los ciudadanos acceder a servicios públicos, ejercer derechos y cumplir con sus obligaciones legales. Prohibirlo mediante un contrato de arrendamiento no solo es injusto, sino también nulo de pleno derecho. Cualquier intento del propietario de limitar este derecho carece de validez legal y puede ser impugnado.
Lo que dice la ley sobre empadronarse
La prohibición de empadronarse es nula porque el derecho está recogido en el Artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Esta norma establece que toda persona que viva en España debe inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente, sin que dependa de la autorización del propietario. Se trata de un derech reservado al inquilino que debe poder hacer lo que considere con su padrón.
Además, el Reglamento de Población (Real Decreto 1690/1986) refuerza que la inscripción en el padrón se basa en la residencia efectiva, no en la voluntad del arrendador. Esto significa que cualquier cláusula en un contrato de alquiler que prohíba empadronarse es legalmente nula y no tiene efectos sobre los derechos del inquilino. La razón de estas cláusulas viene de que muchos propietarios temen que el empadronamiento refuerce la prueba de residencia del inquilino y dificulte futuros desahucios o recuperaciones rápidas de la vivienda.
Por qué la cláusula es nula aunque esté firmada
Aunque un contrato privado incluya esta prohibición, no puede limitar un derecho reconocido por ley. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no regula el empadronamiento, pero la LRBRL tiene rango superior y prevalece sobre cualquier acuerdo privado. Por tanto, los inquilinos tienen derecho a inscribirse en el padrón municipal independientemente de lo que diga el contrato.
En definitiva, los propietarios no pueden impedir que sus inquilinos se empadronen en la vivienda. Este derecho es fundamental para garantizar la legalidad de la residencia, el acceso a servicios y la protección de los ciudadanos. Quien viva en un alquiler tiene plena libertad para cumplir con la obligación de empadronamiento, y cualquier intento de restringirlo es ilegal y fácilmente impugnable.