Recientemente, se ha viralizado en redes sociales un caso donde un trabajador fue indemnizado con 60.000 € después de que la empresa lo despidiera por haber sido víctima de una estafa, tal y como explica el perfil de TikTok @laboral_tips en su vídeo sobre este caso concreto. Aunque el despido puede parecer justificado para la empresa, la clave está en cómo se ejecutó y si realmente existía una causa laboral legalmente válida para terminar la relación laboral —y eso es lo que acabó marcando la diferencia en este juicio.
Cómo funcionan los despidos en España
En España, los despidos están regulados por el Estatuto de los Trabajadores, que establece las reglas y las consecuencias de terminar un contrato laboral por parte del empleador. Hay diferentes tipos de despido, y cada uno deriva en derechos distintos:
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Despido procedente: se produce cuando la empresa demuestra que existe una causa legítima y justificada para despedir (por ejemplo, faltas graves de conducta, causas objetivas legales, problemas organizativos, etc.). En estos casos el trabajador puede perder parte o todo el derecho a una indemnización, y la empresa no suele tener que pagar grandes compensaciones más allá de lo previsto si se ajusta a la ley.
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Despido improcedente: ocurre cuando la empresa no puede justificar adecuadamente la causa alegada o no respeta los procedimientos legales para despedir. En este escenario, los tribunales consideran que el despido es injusto y el empleador debe optar por readmitir al trabajador o pagar una indemnización obligatoria. La cuantía se calcula normalmente en función del salario y la antigüedad del trabajador (por ejemplo, 33 días de salario por año trabajado en contratos posteriores a reformas recientes del Estatuto).
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Despido nulo: cuando el despido vulnera derechos fundamentales (por ejemplo, discriminación por motivos de salud, embarazo o discapacidad). En estos casos, además de que el trabajador debe ser readmitido, pueden concederse indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.
En el caso reciente que ilustra el vídeo de @laboral_tips, el trabajador fue despedido tras ser víctima de una estafa relacionada con su actividad profesional. Sin embargo, el juzgado consideró que la empresa no había justificado correctamente la causa del despido, y que este no se basaba en una falta laboral objetivamente grave ni en una negligencia claramente demostrada. Por ello, el despedido recurrió y consiguió que se declarase el despido improcedente, lo que abrió la puerta a una compensación mucho mayor de lo habitual.
@laboral_tips Le despiden por ser estafado y cobra más de 60.000€ al final Caso real! #despido #laboral #trabajador #derecho
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Además de la indemnización legal por despido improcedente, en casos excepcionales como este los jueces pueden aplicar criterios reparativos o disuasorios (por ejemplo, amparándose en normativas internacionales o en la jurisprudencia europea), que elevan sustancialmente la compensación para desincentivar prácticas empresariales incorrectas o abusivas. Esto explica que, en ocasiones, indemnizaciones que legalmente podrían ser de unos pocos miles de euros terminen siendo decenas de miles, como en este caso (60.000 €), especialmente cuando se aprecia que la forma o motivo del despido vulnera derechos laborales básicos.
Ley que regula estos despidos
La normativa principal que regula los despidos en España es el Estatuto de los Trabajadores, que recoge las reglas sobre cómo comunicar un despido, las causas admisibles y las consecuencias económicas de cada tipo de terminación. Además, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece los procedimientos que deben seguirse para impugnar un despido ante los Juzgados de lo Social en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la carta de despido.
En resumen, despedir a un trabajador por haber sido estafado no siempre está justificado si no existe una falta laboral grave probada o si la empresa no cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la ley. Cuando un despido se declara improcedente o incluso nulo, los tribunales pueden conceder indemnizaciones muy superiores a lo habitual, como ocurrió en este caso con una compensación de 60.000 €, que busca reparar y disuadir prácticas empresariales injustas.