El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo Castillo, conocido como Cryptospain, y a otras nueve personas por supuestamente haber estafado más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, según la resolución comunicada este lunes. Además, el instructor impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. En la resolución, el titular del juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha acordado su procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al mismo tiempo que ha abierto una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Además, el magistrado ha acordado de mantener en prisión provisional a Romillo -que está desde el 7 de noviembre pasado- por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.
Romillo hizo una donación de 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, eurodiputado por el partido Se Acabó la Fiesta. Alvise, al tener aforamiento, declaró ante el juez del Tribunal Supremo, de forma voluntaria el pasado julio, que ciertamente recibió este dinero, pero que no lo usó para financiar la campaña electoral, para intentar esquivar una acusación de financiación ilegal.
Todos los procesados de la estafa piramidal
En la resolución, el juez Calama señala que Romillo, movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo. Añade que la organización estaba integrada por Romillo y por Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Mihaela Munteanu Manole, David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, y Juan José Moreno Ruiz. Todos ellos, bajo las instrucciones de su líder Romillo -añade- ejercían funciones específicas encaminadas "a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".
Rentabilidades mínimas del 20%
En el sumario, el juez explica que el objeto de la organización criminal consistía "en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas" por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. A través de dicha web "se ofrecían productos financieros ficticios" con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u “obras”, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos.
Los inversores, "confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%", realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
Anuncios en TikTok y YouTube
Romillo, destaca el juez, "ejercía un control directo sobre las operaciones", coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización.
El instructor añade que como consecuencia de estas actuaciones, 3.062 inversores de MadeiraInvest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947 euros.
Precisa que para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o YouTube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de marketing también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como el eurodiputado Alvise Pérez, afirma el juez de la Audiencia Nacional.
Por todo ello, el juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto montaron un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, “sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”. De esta forma, manifiesta el juez Calama, “el comportamiento de Álvaro Romillo Castillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”.
El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal, se constata -sostiene- en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organización y de la que el resto forman parte ejecutando distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que han puesto en marcha "con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad".