El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado luz verde a la Administración Trump para poder efectuar los despidos masivos de funcionarios y la reorganización en 19 agencias y departamentos federales que prometió. Los jueces han levantado una orden de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente los planes del presidente para despedir miles de trabajadores federales, incluidos los del Departamento de Estado y la Administración de la Seguridad Social. Desde mayo, una sentencia de una jueza de California, Susan Illston, dictaminó que, si bien el presidente puede intentar hacer cambios y reorganizaciones de personal, "hay límites cuando se hacen a gran escala". Este martes, sin embargo, los jueces del Supremo dictaminaron que sí que puede, aunque dejaron claro que su orden no trata sobre la legalidad de ninguna reducción de personal o plan de reorganización de una agencia, sino solo sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Trump.
En este sentido, una de las juezas que votó a favor, Sonia Sotomayor, argumentó que la administración había ordenado a las agencias que operaran "de acuerdo con la legislación aplicable", según recoge el Washington Post. "Los planes se llevarán a cabo de acuerdo con los límites de la ley", escribió Sotomayor, que sostuvo que el juez del tribunal inferior todavía es libre de evaluar la legalidad de los planes de Trump. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson, señaló su fuerte desacuerdo y advirtió de las graves consecuencias de permitir que la administración reformara drásticamente el gobierno federal antes de determinar si sus acciones son legales, tal como informa también el medio estadounidense. "A mi entender, esta decisión no solo es realmente desafortunada, sino también arrogante y sin sentido", escribió la magistrada.
La Casa Blanca elogia la sentencia del Supremo
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, emitió un comunicado en que elogiaba la sentencia del Supremo: "La sentencia de hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es otra victoria definitiva para el presidente y su administración", decía. "Reprime claramente los ataques continuos a los poderes ejecutivos constitucionalmente autorizados del presidente por parte de jueces de izquierdas que intentan impedir que el presidente consiga la eficiencia gubernamental a todo el gobierno federal", añadía.
Una demanda independiente detuvo los despidos masivos y la reestructuración en algunas subagencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que Trump y Musk empezaron en enero. Ahora, el Departamento de Estado ha afirmado que continuará con sus planes de recortar al 15% del personal, es decir, más de 200.000 trabajadores públicos. Los despidos masivos tenían que volver a ponerse en marcha el 1 de julio, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo marcha atrás para esperar la decisión del tribunal.