Muchas familias desconocen que Hacienda reconoce una ayuda directa de 1.200 euros al año que no depende del nivel de ingresos ni de la edad, sino de cumplir un único requisito concreto. No se trata de una subvención nueva ni excepcional, sino de una deducción fiscal plenamente vigente, regulada en el IRPF, y que puede cobrarse incluso por adelantado mes a mes.

Esta ayuda es conocida popularmente como el “cheque familiar”, aunque su nombre técnico es el de deducciones familiares. Su objetivo es aliviar la carga económica de determinados hogares. Y lo más relevante es que no es incompatible con trabajar, estar en paro o cobrar una pensión, siempre que se cumpla el requisito clave.

Qué es exactamente la ayuda de 1.200 euros

La cuantía base de esta ayuda es de 1.200 euros anuales, que pueden percibirse de dos maneras distintas. La primera opción es cobrar 100 euros al mes, mediante un abono anticipado que se solicita a la Agencia Tributaria. La segunda es aplicar la deducción en la declaración de la Renta, reduciendo directamente el IRPF a pagar o aumentando la devolución.

Agència Tributària (EFE)
Agència Tributària (EFE)

No es necesario hacer ningún gasto previo ni justificar facturas. Se trata de una deducción automática vinculada a la situación personal y familiar del contribuyente. Además, puede solicitarse en cualquier momento del año, sin necesidad de esperar a la campaña de la Renta, lo que permite acceder al dinero de forma inmediata.

El requisito clave para acceder y cuánto se puede cobrar

Para tener derecho a estos 1.200 euros solo es necesario cumplir uno de los supuestos previstos por la ley. Entre ellos se encuentran ser familia numerosa, ya sea de categoría general o especial; tener a cargo un ascendiente o descendiente con discapacidad reconocida; o ser familia monoparental con dos hijos sin derecho a pensión de alimentos.

En algunos casos, la cuantía puede aumentar de forma significativa. Las familias numerosas de categoría especial pueden llegar a 2.400 euros anuales, y se pueden sumar 1.200 euros adicionales por cada persona con discapacidad a cargo. Así pues, se trata de una ayuda real, legal y consolidada, que miles de familias no están cobrando simplemente por desconocimiento, pese a cumplir los requisitos. Un derecho fiscal que, bien aplicado, puede marcar una diferencia importante en la economía doméstica.