Un trabajador fue despedido de forma disciplinaria después de que la empresa lo sorprendiera jugando al golf mientras se encontraba de baja médica. La compañía consideró que esa conducta demostraba que el empleado estaba fingiendo, incumpliendo la buena fe contractual. Sin embargo, el caso acabó en los tribunales y el resultado no fue el esperado por la empresa, ya que el despido fue declarado improcedente y el trabajador recibió una indemnización de 15.000 euros.
El trabajador estaba de baja y, durante ese periodo, fue visto practicando golf. Para la empresa, eso es incompatible con la incapacidad médica alegada y justificaba un despido inmediato. Pero el problema no estuvo en lo que hacía el trabajador, sino en cómo se obtuvo la prueba.
Un detective privado y una prueba que no valía
Para justificar el despido, la empresa contrató a un detective privado que fue elque se encargó de obtener las pruebas sobre lo que hacía el trabajador estando de baja. Con ese documento, la compañía procedió al despido disciplinario por considerar que existía simulación de la baja. Algo razonable, a priori. El trabajador impugnó el despido. Allí, la defensa se centró en la legalidad de la prueba aportada. El detective había realizado el seguimiento dentro de un campo de golf, que es un recinto privado y no un espacio público.
El juez recordó que los detectives privados solo pueden obtener pruebas en lugares públicos o de libre acceso. Un campo de golf privado no cumple ese requisito. Al haberse obtenido la prueba vulnerando los límites legales, el informe fue declarado nulo y sin valor.
Sin prueba válida, el despido se cae
Al quedar anulada la prueba principal, la empresa se quedó sin base para acreditar los hechos imputados al trabajador. El juzgado no entró a valorar si jugar al golf era compatible o no con la baja médica, ni si la conducta era reprochable desde el punto de vista laboral. Simplemente concluyó que no se había demostrado de forma lícita. Por ese motivo, el despido disciplinario fue declarado improcedente. La empresa tuvo que optar entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización correspondiente, que en este caso rondó los 15.000 euros.
Así, este caso se suma a otros en los que los tribunales recuerdan que el respeto a la legalidad en la obtención de pruebas es tan importante como el propio comportamiento del trabajador. Sin pruebas válidas, incluso un despido que parece lógico puede acabar saliendo muy caro.