La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente una denuncia presentada por Junts y ha determinado que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, han vulnerado la LOREG y han utilizado actos públicos del Govern para "la exaltación de éxitos" del ejecutivo en lugar de limitarse a las funciones puramente informativas que impone la LOREG durante el periodo electoral.
La denuncia mostraba 5 notas de prensa del Govern de las cuales, la Junta ha recogido dos. Una se refiere a un acto del president el pasado 5 de mayo sobre la campaña forestal en la que Aragonès remarcó las inversiones de su ejecutivo en el parque móvil de vehículos de incendios y anunció la incorporación de nuevos vehículos los próximos cinco años por valor de más de 100 millones de euros para renovar toda la flota. "Se está renovando especialmente en los últimos dos años, cuando hemos acelerado las inversiones", aseguró, según se recoge en la nota de prensa que hizo pública el Govern.
También se ha aceptado la denuncia sobre el anuncio de Cambray de medidas contra el acoso escolar del 2 de mayo en que, según se recoge en la nota de prensa, el conseller aseguró que "Educación multiplicará por 10 los recursos dedicados a programas de prevención".
Sin vulneración sistemática
La Junta Electoral ha admitido que, tal como ha denunciado Junts, estas intervenciones públicas del president y el conseller no constituyen "campañas informativas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o para el correcto desarrollo de los servicios públicos". No obstante, también considera que no se trata de un "incumplimiento grave o reiterado del artículo 50.2 de la LOREG en que tenga cabida la incoacción de expediente sancionador al president o a los cuatro consellers a los cuales afecta la denuncia.
"No se acredita, por lo tanto, que exista una vulneración sistemática (como dice la denunciante) del artículo 50.2, por lo cual no cabe la adopción de ninguna otra medida adicional más allá de declarar la vulneración del precepto", concluye la resolución en que se descartan sanciones.