Alberto Núñez Feijóo enseña todas las cartas con las que se presenta a las elecciones del 23 de julio. La idea fuerza, tal y como se ha repetido durante semanas, será la "derogación del sanchismo", que se traducirá en la anulación o reformas de las principales leyes icónicas para el gobierno de Pedro Sánchez, como la de Memoria Democrática o la del solo sí es sí. Ahora bien, el plan de choque de Feijóo también pondrá el acento en acciones que tendrán un fuerte impacto en Catalunya si acaba gobernando. El programa electoral del PP, presentado este martes al mediodía en Madrid y basado en 365 medidas, también pone el foco en el conflicto catalán, sigue erre que erre con la escuela catalana y prevé una retahíla de medidas para detener otro hipotético desafío independentista.

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Recuperar la sedición, endurecer la malversación y perseguir los "referéndums ilegales"

En el paquete de medidas, el PP promete recuperar el delito de sedición y restaurar el de malversación, tal y como estaba redactado en el anterior Código Penal antes de la reforma pactada entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya. Aquella modificación sustituyó el de sedición por el de desórdenes agravados y suavizó el de malversación si no había lucro personal. "Mejoraremos y actualizaremos la tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad institucional", se explica en el programa electoral, que también promete tipificar el delito de "referéndum ilegal": "Regularemos otras conductas de deslealtad institucional dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante referéndum o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional".

El castellano, vehicular en la escuela

El otro flanco del PP es la escuela y el ataque a la inmersión lingüística, tal y como está concebida en Catalunya. La propuesta del PP es hacer que el castellano sea también vehicular en las aulas, sin especificar si habrá un porcentaje concreto en la escuela. En este sentido, según el texto, apuestan por garantizar que, en las comunidades autónomas donde hay más de una lengua cooficial (Catalunya, Euskadi y Galicia), ambas "tendrán la consideración de vehicular de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico", emulando el modelo gallego del 50% y 50%. "Aseguraremos que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente". En su intervención, Feijóo lo ha expresado de una forma ambigua y errática: "Se garantizará el conocimiento de las lenguas de España en todos los colegios de nuestra nación". Por todo ello, el gallego considera que este paquete de medidas "contrariarán al independentismo". "Nuestro deber no es seguir sometiendo el interés general a los que quieren fracturar España", ha rematado.

Endurecer los indultos

El PP todavía tiene en la retina la concesión de los indultos a los líderes independentistas por parte del Gobierno porque, tal y como detallan, se trata "de un uso partidista de los instrumentos del Estado". Por eso, el plan de choque del PP si llega a la Moncloa también prevé modificar la ley del indulto, que fecha de 1870, para que tenga que justificarse más y mejor la concesión. "Lo haremos para reforzar la motivación por parte del gobierno del derecho de gracia".

Con todo, la voluntad del PP es apartar el independentismo catalán y vasco de la gobernabilidad española. Por eso, ha pedido a "quien lidere el socialismo después de la caída del sanchismo" que dé apoyo al PP para "retirar el poder a Bildu y el independentismo". En este sentido, para evitar una posible alianza con Vox si no tiene mayoría después de las elecciones, el presidenciable del PP apuesta para que gobierne la lista más votada: "Si gano las elecciones llamaré al líder del PSOE para que me deje gobernar. Si no me lo coge, llamaré a todos los barones para que lo convenzan".

 

 

El fin de "todos los errores del gobierno"

El plan de choque del PP se propone revertir "todos los errores del gobierno", personificados en la derogación del "sanchismo". "Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Quiero derrotar a Sánchez contundentemente, pero no me quiero vengar", ha afirmado. En este sentido, Feijóo se ha comprometido a cesar al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "en el primer Consejo de Ministros". También ha defendido que se acabará "el autoritarismo de mandar a golpe de decreto ley", ha prometido conformar un gobierno "más pequeño a todos los niveles" y ha afirmado que no utilizará el avión del presidente, el Falcon, "para actos personales o de partido". Además, Feijóo ha asegurado que no nombrará a ministros "contrarios a la Unión Europea, ni a la OTAN, ni al apoyo a Ucrania o a la misma defensa de la soberanía nacional". "Solo serán ministros si acreditan preparación y no sectarismo", ha dicho.

La violencia machista ha sido un terrible quebradero de cabeza para el PP a raíz de los pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades, porque los de Feijóo han asumido el ideario y el lenguaje ultra hablando de "violencia intrafamiliar" en los acuerdos firmados entre las dos formaciones. Para contrarrestar este desgaste, la secretaria general, Cuca Gamarra, ha subrayado que su partido "tiene un compromiso irrenunciable para erradicar la violencia machista": "Es una realidad innegable que tenemos que combatir". En este punto, el texto prevé que el PP cumpla "el pacto de Estado contra la violencia de género" y lo hará "avaluando cada una de sus medidas y actualizando los contenidos para una efectividad mayor".

Seguidamente, el programa avanza una "profunda" revisión del Código Penal para reparar "las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura", haciendo referencia a la polémica ley del solo sí es sí. En el ámbito legal, el PP apuesta por ampliar la prisión permanente revisable para los condenados por un delito de asesinato con ocultación de cadáver. Por otra parte, también aseguran que derogarán la ley de Memoria Democrática.