Tal día como hoy del año 1939, hace 82 años, en el contexto de los meses inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Catalunya y a la conclusión de la Guerra Civil española (1936-1939), el pleno del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el falangista Miguel Mateu Pla (conocido popular y despectivamente como "Miquel dels ferros"), hacía público el resultado del examen de 1.256 expedientes de "depuración", que afectaban a la práctica totalidad del personal funcionarial municipal. Aquel examen se resolvió con 46 despidos, 64 suspensiones de empleo y sueldo (que iban de los dos meses a los dos años) y 11 inhabilitaciones para el ejercicio de puestos de mando y confianza.

Para ser víctima de aquel proceso de depuración bastaba con haber sido personalmente relacionado con un partido político, con un sindicato o con una organización cultural contrarios al golpe de estado militar que había conducido a la Guerra Civil. En este sentido, es importante destacar que las personas que más se habían comprometido en la defensa de los valores de la libertad y de la catalanidad en aquel momento estaban en el exilio o estaban recluidas en prisiones del régimen franquista. Este colectivo formado por exiliados y presos políticos, sumado a los funcionarios municipales que habían muerto durante el conflicto (en el frente de guerra, por efecto de los bombardeos de la aviación franquista o a causa de las enfermedades) ya no formaron parte de este proceso de depuración.

También es importante destacar que, en aquel contexto de extrema represión, aquellas "depuraciones" equivalían, prácticamente, a una condena a muerte. El régimen franquista había creado unos mecanismos que impedían a las víctimas de estos procesos reintegrarse en la actividad profesional. Las fábricas y comercios estaban obligados a exigir a los candidatos a ocupar un puesto de trabajo un certificado que tenía que acreditar, como mínimo, que no eran "desafectos al régimen". Muchos puestos de trabajo "depurados" durante aquella etapa fueron asignados a dedo a personas de fuera de Catalunya que acreditaban un certificado de "afecto al régimen" o de "caballero mutilado" o que habían sido víctimas de la persecución anarco-comunista en la retaguardia republicana.