Tal día como hoy del año 1284, hace 736 años, el conde-rey Pedro II de Barcelona y III de Aragón firmaba la Recognoverunt Proceres, un privilegio concedido al municipio de Barcelona a cambio de un importante donativo económico, que confirmaba las costumbres anteriores, denominadas Usatges (derecho familiar, mercantil y procesal) y pasaba a regular los servicios públicos que, hasta entonces, el Consell de Cent (el gobierno municipal) ya ejercía plenamente, aunque lo hacía sin la ratificación de la autoridad real.
Estos servicios públicos que, con la entrada en vigor del Recognoverunt Proceres, pasarían a quedar definitivamente reconocidos por la autoridad real y regulados en virtud de aquel pacto, estaban relacionados ―entre otros― con el orden público o con el comercio. De esta forma, la ciudad de Barcelona confirmaba un elevadísimo grado de autogobierno que la convertía ―de facto― en una república mercantil; es decir, en una ciudad gobernada, exclusivamente, por las clases mercantiles en virtud de un pacto bilateral con la corona.
El Recognoverunt Proceres confirmaría, definitivamente, el Consell de Cent como el principal órgano de poder de la ciudad, al mismo nivel que la autoridad real. Incluso, durante la Guerra Civil catalana (1462-1472), el Consell de Cent depuso al conde-rey Juan II y nombró en su lugar a Pedro de Portugal, descendiente de Jaime de Urgell, alegando que el tercer Trastámara había violado la bilateralidad que presidía el pacto perpetuo entre Barcelona y la corona.
Otro dato que confirma el poder del Consell de Cent, derivado del Recognoverunt Proceres, sería la creación de una extensa red de Consulados de Mar ―oficinas de representación y de negocios catalanes― por todo el Mediterráneo y en algunos puertos importantes del Atlántico. También se promovería el desarrollo de la Llotja ―el edificio de los negocios en la ciudad―, que culminaría con la creación de la Mesa de Cambio (1401), el primer banco público de la historia de Europa y que era gestionado, exclusivamente, por el municipio.