Tal día como hoy del año 1700, hace 319 años, el Dietario de la Generalitat consignaba una misiva oficial dirigida al virrey hispánico de Catalunya, Jordi de Hessen-Darmstadt, denunciando que soldados hispánicos alojados en los pueblos y villas de la veguería de Girona, a título particular, prestaban protección armada a los defraudadores del impuesto de la bolla. En aquella carta se decía que "los defraudantes van acompañados de soldados y otras personas con armas para que nadie los pueda reconocer (inspeccionar) procurando ser superiores con armas a los que podrían oposarse (funcionarios de los municipios o de la Generalitat)".

Este tributo, que cobraba la Generalitat desde 1363, comprendía tres variantes: el derecho de bolla de plomo, que gravaba la fabricación de tejidos de lana destinados a la venta al por mayor y que pagaban los productores; el de sello de cera, sobre la venta al detalle de tejidos de lana, de seda y de algodón, y que pagaban los comerciantes; y el de joyas, sobre los hilos de oro y de plata que engalanaban los tejidos, y que pagaban, también, los comerciantes. Estos impuestos se liquidaban en las casas de la bolla, que al cobrar emitían un certificado que permitía el producto transitar libremente.

El Dietario de la Generalitat de los años inmediatamente anteriores consigna, a menudo, la aplicación de sanciones a productores y comerciantes que habían sido sorprendidos en los caminos, en las puertas de acceso a las ciudades o en sus propios almacenes con partidas sin el certificado. Pero en aquella carta, se decía que los defraudadores habían dado un paso más allá del simple riesgo de estar descubiertos y sancionados. Se denunciaba que los oficiales de la Generalitat no podían inspeccionar las partidas porque lo impedían los soldados hispánicos o los delincuentes comunes, pagados por los defraudadores, que protegían la carga.