Tal día como hoy del año 1833, hace 190 años, en Madrid, y recién inaugurada la regencia de María Cristina de Borbón (viuda de Fernando VII y madre de Isabel II), el Consejo de Ministros del gobierno de España, presidido por el apartidista Francisco Cea Bermúdez, aprobaba, a propuesta del ministro liberal Javier de Burgos, una nueva división administrativa del reino español en cuarenta y nueve provincias. Esa nueva división implicaba que Catalunya, que desde la ocupación de 1714 había sido reducida a la categoría de simple provincia castellana, pero que conservaba la unidad territorial de la época foral, pasaba a ser dividida en cuatro provincias.
El gobierno de Madrid que aprobó esa ley y los sucesivos ejecutivos liberales que siguieron, nunca ocultaron que el verdadero propósito de esa nueva división era debilitar y disolver la identidad catalana. Catalunya fue despedazada en cuatro provincias e, inicialmente, la provincia de Barcelona fue denominada "Cataluña", y las otras tres fueron denominadas por su nueva capital con el nombre españolizado: "Gerona", "Lérida" y "Tarragona". Los criterios que se utilizaron para dibujar ese nuevo mapa, o para designar las nuevas capitales (territorios en un radio máximo de un día de camino respecto a la ciudad más poblada), no fueron nunca aplicados en el caso de Catalunya.
El nuevo mapa provincial de Catalunya eliminaba las veguerías históricas del valle catalán del Ebro (que quedaba incorporada en la nueva "provincia" de Tarragona), del Penedès (que quedaba dividida entre las nuevas "provincias" de Cataluña y Tarragona), del Pirineo central (que también era dividida entre las "provincias" de Lérida y Gerona), o el país d'Aran (que pasaba a formar parte de la "provincia" de Lérida). Ni Vielha ni Puigcerdà estaban a menos de un día de camino pedestre de Lleida o Girona, ni Vilafranca ni Cervera eran regiones distintas a El Vendrell o Santa Coloma de Queralt, ni Tarragona era la ciudad más poblada de su "provincia".