La decisión de la jueza de Huesca que instruye la causa del retorno de las obras de Sijena a Aragón de rechazar los recursos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) advirtiendo sobre el riesgo de destrucción de las obras si son manipuladas y obligando a ejecutar de manera definitiva la sentencia en un plazo de siete meses cierra un poco más la puerta a una solución que evite su destrucción total o parcial. No solo fija un plazo de siete meses para el retorno de las pinturas románicas, desoyendo los informes técnicos que se pronuncian en contra, también instruye para que los trabajos se inicien de inmediato. El contador, por tanto, ha iniciado su último recuento y antes de la próxima primavera tendrían que estar ya los frescos, o lo que quede de ellos, en Aragón. Llegados a este extremo y después de los profusos informes técnicos que hay, sería oportuno hacerse una pregunta: ¿Qué grado de responsabilidad está dispuesta a asumir la jueza de Huesca si las obras de Sijena que hay en el MNAC acaban troceadas o deterioradas de una manera trascendental?

Porque está advertida de sobras y los informes han sido técnicos, no políticos. No sería aceptable que si ello sucediera se escondiera en subterfugios legalistas, ya que hace años que se les ha insistido una y otra vez que el riesgo es enorme. ¿O acaso será culpable el MNAC? ¿O se pretende procesar a los técnicos que tengan la responsabilidad de ejecutar el trabajo? No debería ser así, ya que todo el mundo está advertido de que llevar a cabo la orden judicial es arriesgarse enormemente a un deterioro irreversible. Es evidente que se ha impuesto la política sobre la lógica museística y que el traslado solo tiene sentido en la confrontación frontal del gobierno de Aragón y su catalanofobia. Claro que es responsabilidad principal del Partido Popular y de su presidente, Jorge Azcón, pero este barón popular solo ocupa el cargo desde 2023 y ya se encontró un camino muy trillado por su antecesor, el socialista Javier Lambán, digno sucesor de aquellos barones socialistas de antaño, como eran el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el manchego José Bono, que, de cada dos frases, una era un ataque a Catalunya.

¿Qué grado de responsabilidad está dispuesta a asumir la jueza de Huesca si las obras de Sijena que hay en el MNAC acaban troceadas o deterioradas de una manera trascendental?

Las cautelas puestas por la jueza Rocío Pilar Vargas al MNAC para que facilite toda la información relativa a la conservación de las obras y a las condiciones ambientales de la sala —temperatura y humedad relativa— y así garantizar su seguridad, difícilmente va a acabar sirviendo para restituir en condiciones las obras a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sigena. La fragilidad de las pinturas viene condicionada por el incendio que sufrieron el año 1936 en Sijena. Ahora mismo, lo que hay en el museo son restos calcinados que tienen un grosor máximo de un milímetro, arrancados con una técnica denominada strappo, y montados encima de un soporte de madera sobre una tela. Por todo ello, el museo no habla de un mural sino de un artefacto formado por varias capas. Los técnicos del ejecutivo aragonés podrán acceder a las salas 16 y 17 del MNAC durante el tiempo que sea necesario para ejecutar las tareas, estando los dos espacios cerrados al público.

Es cierto que la jueza abre la vía a que se le presente un cronograma alternativo en el plazo de diez días, pero a la vista de sus sucesivos pronunciamientos, dando siempre la razón a Aragón, tampoco cabe albergar un giro de guion. Hace ya tiempo que esta cuestión del traslado escapó de cualquier lógica científica, y tiene que acabar habiendo un vencedor político y un ganador, y lo de menos son las obras de Sijena y lo que suceda con ellas. Al final, sucede demasiadas veces que la mirada objetiva se acaba perdiendo cuando uno de los litigantes es Catalunya. Nadie duda de que si estuvieran en el Prado y corrieran el riesgo de acabar desmenuzadas, haría tiempo que se hubiera detenido. Pero con Catalunya todo el mundo puede. El viacrucis del catalán es otro ejemplo paradigmático de los colosales esfuerzos por reducir el peso de la lengua propia del país, primero en el sistema educativo y después en muchos ámbitos de la sociedad.