En pocas ocasiones la aritmética política provoca una circunstancia como la actual, en que las mayorías en el Congreso y en el Senado son diferentes. En la primera cámara legislativa española reside una mayoría amplia que facilitó la investidura de un gobierno del PSOE y de Sumar; en la cámara alta, en cambio, una mayoría absoluta del Partido Popular con la capacidad de entorpecer, no de tumbar, iniciativas legislativas, demorando así su aprobación definitiva. Es el cóctel perfecto en una situación política como la presente, donde PSOE y PP protagonizan una inevitable colisión de instituciones. Los primeros son rehenes de sus acuerdos políticos y han tenido que hacer de la necesidad virtud y aprobar una ley de amnistía que no querían, pero que necesitaban para continuar en el poder. Los segundos han levantado todo tipo de barricadas para hacer el tránsito legislativo de la ley lo más complicado posible.

Y en este choque de trenes vale todo, como se está viendo. Así, arguyendo que la ley de amnistía es una reforma encubierta de la Constitución, el PP plantea un conflicto entre órganos constitucionales en defensa de las atribuciones constitucionales del Senado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, según los populares, el Congreso se ha atribuido competencias que no le tocaban y ha llevado a cabo una tramitación legislativa fraudulenta. El movimiento de Feijóo no para la tramitación de la ley, pero tiene la virtualidad de que engarza con la posición de los letrados de la cámara alta y acabará obligando a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En el trasfondo de toda la tramoya orquestada por los populares está, sobre todo, mantener la tensión política y la crispación social, ya que, legislativamente hablando, los timings están tasados y antes del verano la ley habrá vuelto al Congreso, tendrá la aprobación definitiva, y se habrá publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) si no se da una circunstancia hoy inimaginable.

La mejor manera de alejar el debate de las mordidas del novio de Ayuso es hablar de la corrupción del PSOE, de la amnistía y de los independentistas catalanes

En su carrera hacia el choque institucional, los populares están procediendo a sembrar un camino repleto de minas y, además, han preferido guardar en el último de los cajones el informe de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, que, sin ser vinculante, ha trazado una ruta sobre el valor de las amnistías, la legalidad de las mismas y la imposibilidad de ser aprobadas por un parlamento y posteriormente derogadas por otro. No hay camino de ida y vuelta, por más que el PP se empeñe en repetir lo contrario; otra cosa es reiterar lo que sabes que no vas a poder hacer, pero que sirve para tener permanentemente movilizada a tu parroquia. Porque la gestualidad en política también cuenta lo suyo y la mejor manera de alejar el debate de las mordidas del novio de Ayuso es hablar de la corrupción del PSOE, de la amnistía y de las exigencias de los independentistas catalanes. 

Cuando se explique, en el futuro, el sinuoso camino recorrido por la ley de amnistía, habrá que ser muy generosos para olvidar los palos en las ruedas practicados por la derecha española. En 2017 fue incapaz de abrir vías de diálogo que no desembocaran en la autoritaria supresión de la autonomía catalana y la prisión y exilio de los miembros del Govern y de las entidades soberanistas. Y hoy, siete años después, siguen manteniendo una posición numantina con el único objetivo de recoger frutos electorales. Mientras ese es el discurso público, el PP abre vías de diálogo con el independentismo y reconoce, con la boca pequeña, que sí que han hablado con ellos. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que si Feijóo llega a la Moncloa, quién sabe lo que puede suceder. Lo que hoy es una cruzada pública en contra, a lo mejor acaba siendo una tabla de salvación. Cosas más raras se han visto en política.