El Parlament de Catalunya ha aprobado esta semana la regulación de los alquileres de temporada, una ley que pretende poner fin al fraude que se comete actualmente con este tipo de arrendamientos para sortear el precio de alquiler vigente en Catalunya desde 2024. La iniciativa legislativa lleva el sello de la mayoría de izquierdas que existe en la cámara legislativa catalana y la oposición del sector inmobiliario y de la patronal catalana. Una vez más, la problemática de la vivienda, el primero o el segundo problema del país según la gran mayoría de las encuestas, se enfoca de la peor manera posible: regulando con una visión en la que pesa sobre todo la ideología y en pleno pulso con el sector, el único que puede dinamizar la construcción de viviendas y ayudar a regular el mercado de alquiler.

Por más que las cifras son, una y otra vez, reiterativas y se observa fácilmente la retirada de pisos del mercado de alquiler, los errores se siguen repitiendo sin modificar la manera de actuar. Las estadísticas dejan poca duda al respecto en 2025, el mercado de alquiler en Catalunya ha tenido una caída del 20% en nuevas firmas, especialmente en Barcelona y el área metropolitana. También una reducción del 26% en la oferta tras la implementación de la ley de vivienda y la regulación de los precios en las zonas tensionadas. Los precios siguen subiendo a pesar de los topes y la falta de incentivos y la presión regulatoria desincentiva las operaciones.

Hasta que no haya un acuerdo con el sector y una colaboración público-privada real, de la que hoy estamos muy lejos, no habrá vivienda de alquiler asequible

Ahora se pretende actuar contra los alquileres de temporada mediante una ofensiva legal que alimenta la inseguridad jurídica y expande el temor del propietario, tanto grandes operadores como pequeños ahorradores y familias. Son estos últimos los principales afectados, ya que los grandes operadores están, en muchos casos, saliendo de Catalunya o reorientando su negocio hacia oficinas, por ejemplo. Donde el precio de alquiler, particularmente en Barcelona, muestra una tendencia al alza sostenida en 2024-2025, impulsada por la alta demanda de espacio prime y la limitada disponibilidad. El observatorio inmobiliario del pasado mes de octubre ha ofrecido datos del tercer trimestre en esta dirección: un aumento del 67,2% interanual.

Como ya sucedió en el pasado, el resultado de lo aprobado por el Parlament volverá a ser el mismo: una nueva frustración entre la ciudadanía, que verá que el problema de la vivienda sigue a peor porque es imposible que la construcción de nuevas viviendas y el alquiler de los pisos se pueda solucionar con compra o construcción de vivienda pública. Las políticas en este sentido de las administraciones son necesariamente más lentas y, por importantes que sean —y el Govern Illa ha prometido 214.000 viviendas sin fecha ni presupuesto—, solo pueden ser complementarias. Hasta que no haya un acuerdo con el sector y una colaboración público-privada real, de la que hoy estamos muy lejos, no habrá vivienda de alquiler asequible. Y a lo mejor, para eso, ya hemos hecho demasiado tarde.