Antes del verano, los representantes de una importante inmobiliaria de Barcelona y su cinturón industrial me expresaban su posición sobre el mercado de alquiler: "Hemos desistido de centrarnos en este negocio. Nuestra cartera se ha reducido más de la mitad y alquilamos solo entre la bolsa de personas que directa o indirectamente conocemos". Coincidiendo con las vacaciones o el final de las mismas, se han publicado en diferentes medios noticias preocupantes sobre el mercado de alquiler de larga duración. Unas dicen que la oferta se ha contraído aproximadamente un 40% en el último año. Otra, que la zona metropolitana de Barcelona ha registrado una caída superior al 21% en la firma de nuevos contratos entre abril y junio de 2025. Una tercera, que la ley de vivienda ha agravado la situación, lo que ha llevado a una reducción de la oferta de alquiler de larga duración y un aumento de los alquileres de temporada. La ley y su aplicación en zonas tensionadas han provocado también que los propietarios retiren pisos del alquiler para venderlos.

Es evidente que los datos no ayudan al relato oficial de que con las medidas adoptadas los precios se contendrían y estarían más al acceso de la ciudadanía. El sector tenía razón y hoy alquilar un piso es casi un objetivo imposible, se pongan como se pongan las diferentes administraciones. Además, ¿qué ha sucedido? Pues que el mercado de alquiler temporal o estacional, un ámbito fuera del radio de acción de la ley de precios, ha experimentado un crecimiento sin precedentes, ya que muchos propietarios lo perciben como una alternativa más segura. De hecho, mientras que en territorios como Madrid el 15% de los inmuebles promocionados son arrendamientos temporales, en Catalunya este porcentaje se eleva hasta el 52%. Por si esto fuera poco, la Asociación de Promotores de Catalunya ha alertado sobre el hecho de que casi una quinta parte de las inversiones previstas en promoción de vivienda se han desviado hacia comunidades autónomas con marcos regulatorios más estables, como Madrid o Málaga. Además, un alarmante 44% de los proyectos destinados al alquiler residencial han sido pausados indefinidamente a la espera de clarificaciones normativas o cambios políticos.

Salir de este callejón sin salida es obligación de todos si no queremos que nadie pueda vivir en su ciudad aunque lo desee porque es imposible quedarse. Ya muchos no pueden, pero a este paso no podrá nadie. Y lo que es peor, nadie se hará responsable

Ciertamente, no es, como tantas otras veces, lo que se perseguía y es que este tipo de legislaciones es muy difícil que salgan adelante sin la complicidad del sector. Al final, son ellos los que tienen más información y conocen perfectamente los entresijos de miles y miles de propietarios y su temor a alquilar una vivienda no solo porque era un refugio de su patrimonio, sino por la inseguridad ante las ocupaciones. El marco legal actual se tendrá que modificar si no se quiere que se produzca una inevitable deslocalización de empresas y capitales hacia mercados más predecibles, que podría ser irreversible. Si se consolida la actual situación, el alquiler residencial tradicional continuará perdiendo peso de forma acelerada en Barcelona y en las ciudades catalanas donde la demanda es mayor, y habrá un momento en que no habrá nada que hacer, ya que no quedarán viviendas para arrendar o el precio aún será más desorbitado que ahora. No estamos tan lejos de que esto pase, lamentablemente. Un dato: hace dos años, cada inmueble que salía al mercado contaba con unos 77 interesados. Pero ahora la cifra se ha multiplicado hasta alcanzar los 341.

Es urgente que administraciones y sector privado sean capaces de cambiar esta dinámica y poder garantizar el acceso a la vivienda. Aunque sea tirando atrás cosas que no han funcionado y han generado un efecto contraproducente al perseguido por administraciones y partidos que aplaudieron a rabiar, ya que esta vez sí que iba a ser la solución. Pues no, tenemos un mercado más rígido, menos dinámico y con menos oferta. Salir de este callejón sin salida es obligación de todos si no queremos que nadie pueda vivir en su ciudad aunque lo desee porque es imposible quedarse. Ya muchos no pueden, pero a este paso no podrá nadie. Y lo que es peor, nadie se hará responsable de que ello haya sucedido, ni el sector público ni el privado, que dirá que ha sido la administración la que lo ha sacado de la ecuación por falta de confianza en ellos.