Habiendo transcurrido ya doce días desde que decayeron en el Congreso de los Diputados los decretos sobre la vivienda y que fue utilizado por Pedro Sánchez para provocar, 72 horas después, el adelanto electoral, empezamos a ver que no todo era tan de color de rosa sobre los pisos de alquiler y que, quizás, se esté consolidando el efecto contrario al que se quería. Porque, en estos momentos, nos encontramos con una paradoja: el Parlamento rechazó los decretos y el Gobierno los volvió a aprobar con las cámaras ya disueltas y aprovechando un ardiz aritmético, ya que la Diputación Permanente no refleja exactamente la distribución del Congreso y puede salir adelante sin los votos de Junts. Este martes hemos publicado un interesante informe sobre cómo ha evolucionado en los últimos diez días el mercado de alquiler, que ha realizado la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) en base a una encuesta a más de 600 agencias de toda España. El titular se explica por sí solo: las inmobiliarias advierten de que los nuevos decretos de vivienda del gobierno están provocando una retirada de pisos del mercado del alquiler habitual. Estamos hablando de que se han visto afectadas un total de 5.768 operaciones, de las cuales se han retirado del mercado de alquiler 2.067 viviendas y se han trasladado al mercado de compraventa 1.224 y se han visto desviadas al alquiler temporal o por habitaciones 944.
Otro estudio independiente realizado por ESADE confirma caídas excepcionales con estas conclusiones: Madrid, València, Murcia, Alacant, Palma y Las Palmas registraron caídas de al menos el 6 %. En esas seis ciudades, las reducciones superaron las de cualquier periodo equivalente desde junio. La caída no estuvo acompañada de un aumento equivalente de viviendas anunciadas en venta. Barcelona fue una excepción: la evolución de su oferta se mantuvo dentro de los parámetros habituales, aunque ello precisa una explicación complementaria poco tranquilizadora, ya que una parte del ajuste que ahora están experimentando otras ciudades ya se había producido en Catalunya, donde la regulación del alquiler llegó antes. Hay una cifra especialmente contundente en esta ensalada de números: Barcelona ha perdido el 83 % de sus anuncios de alquiler habitual entre 2018 y 2025, según un estudio de Idealista publicado este mes de octubre. Un porcentaje mucho más alto que Madrid (58 %), Catalunya (71 %) o en el conjunto del Estado, que es del 44 %.
¿Cuál es la gran paradoja en estos momentos? Que el gobierno intenta mejorar la situación de los inquilinos mediante una regulación que puede estar desincentivando a quienes ponen viviendas en alquiler. Hay tres cuestiones políticamente relevantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el problema ya no se limita a las advertencias de las patronales. El estudio de ESADE ha identificado caídas extraordinarias de anuncios en seis grandes ciudades. Esto aporta evidencia adicional, aunque no demuestra por sí solo la causa. En segundo lugar, la incertidumbre normativa parece tener efectos inmediatos. Los propietarios pueden decidir no comercializar sus viviendas incluso antes de que las nuevas restricciones entren definitivamente en vigor. Y, en tercer lugar, los perjudicados pueden acabar siendo los nuevos inquilinos. Quienes ya tienen un contrato pueden beneficiarse de mayores protecciones, mientras que quienes buscan vivienda se encuentran con menos opciones. Aquí, alguien se pensó o quiso hacernos creer que la vivienda iba exclusivamente de ideología, y eso es absolutamente falso con el nivel de viviendas que hay actualmente en el parque móvil de venta o alquiler.
No hay 6.000 propietarios manifestándose delante de un ministerio y el efecto aparece poco a poco en los portales: menos oferta, más competencia entre candidatos y precios más altos
El gobierno se acabará dando cuenta y, si no es así, será porque ya habrá pasado a la oposición que, cuanto más protege administrativamente determinados contratos, mayor puede ser el incentivo de algunos propietarios para abandonar el alquiler habitual. Esto no significa, ni mucho menos, que toda regulación sea contraproducente, sino que proteger al inquilino sin ofrecer seguridad suficiente al propietario puede provocar efectos indeseados. A ello hubiera ayudado, al menos en el terreno paliativo de una crisis inabarcable, que en los decretos aprobados las administraciones asumieran directamente el coste de proteger a los inquilinos vulnerables, en lugar de trasladar una parte sustancial de ese riesgo a los propietarios particulares. Pero como que se ha optado por dejar de lado el debate real y todo ha acabado en una discusión ideológica, va a ser muy difícil salir de aquí. Mientras tanto, un propietario retira un piso, otro decide vender, otro pasa al alquiler temporal y otro simplemente no vuelve a anunciarlo. No hay 6.000 propietarios manifestándose delante de un ministerio y el efecto aparece poco a poco en los portales: menos oferta, más competencia entre candidatos y precios más altos. Y la demagogia siempre corre más deprisa que la verdad.