Como no hay día sin noticia mala, la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues ha decidido este sábado cerrar el suministro de agua hasta el martes 2 de mayo, fecha en que se suministrará solo el agua estrictamente necesaria para la subsistencia de los árboles. Es la segunda medida que afecta negativamente a los payeses esta semana, ya que el pasado martes el Canal d'Urgell avanzó el cierre del riego por la sequía, siendo la primera vez en la historia que se adoptaba una medida tan drástica como la de cortar el riego cuando solo hacía un mes que se había abierto el canal.

Veremos ahora si estas dos noticias y la enorme preocupación que hay entre los payeses por la sequía se acaba traduciendo en algún tipo de medidas económicas urgentes que reviertan la parálisis que se ha producido hasta la fecha, fruto del desencuentro político, del liderazgo del Govern en esta materia y de confundir medidas urgentes y extraordinarias —ayudas económicas e inversiones que puedan dar sus frutos este mismo año con otro tipo de iniciativas más a medio plazo que, sin duda, se tendrán también que aprobar, pero que no van a solventar el problema que hay ahora planteado—.

Después del fracaso de la cumbre política contra la sequía convocada por el president Pere Aragonès el pasado 31 de marzo, en la que participaron además de miembros del Govern representantes de los partidos parlamentarios, y que durante todo el mes de abril ha sido un auténtico pim-pam-pum dialéctico, el tema de la sequía llega esta próxima semana al Parlament. Allí se debatirá una proposición de ley por lectura única de Junts para modificar el decreto de medidas urgentes sobre la sequía aprobado en marzo por el Govern.

Igual que sucedió con la cumbre convocada por Aragonès, se corre el riesgo de enzarzarse en un debate sobre las sanciones a los ayuntamientos —sinceramente, no he oído a ningún payés que me hable de esta cuestión a la hora de abordar las medidas más urgentes— o de empezar a hablar de las licitaciones y ejecuciones de nuevas desalinizadoras, bien sea en Tordera, en Cubelles o en cualquier otro sitio. Se tendrán que hacer, seguramente, pero sabiendo que tienen un tiempo de ejecución y puesta en marcha de cuatro años. Parece hasta una broma hablar de ellas como una medida de emergencia.

Una tramitación de emergencia es, como su propio nombre indica, una solución para hoy que recoja, por ejemplo, inversiones para hacer más resiliente el abastecimiento en las áreas que ya están en estado de excepcionalidad. Tiene que seguir siendo un objetivo garantizar el agua a los 6 millones de personas que viven en alguno de los municipios que se encuentran en estado de excepcionalidad. El debate sobre la sequía en el Parlament no debería ser un compendio de tópicos, sino el inicio, al fin, de una solución, y para ello habrá que poner el suficiente dinero a corto y a medio, antes de pensar en el largo plazo. Ya que la lucha contra la sequía no puede esperar.