El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acaba de dar un paso casi irreversible para el ingreso en prisión del exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, el próximo jueves. Lo ha citado a las diez de la mañana y, una hora más tarde, a su famoso asistente Koldo García, ex muchas cosas, alguna tan destacada para el cargo que ocupaba como portero de discoteca. La citación se produce después de que el Ministerio Fiscal haya pedido para el primero 24 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Para Koldo, por delitos similares, pide 19 años y medio. Las elevadas penas solicitadas han propiciado el movimiento del magistrado para revisar las medidas cautelares actuales, es decir, la libertad de la que goza.

Si se consuma, será el primer ingreso en prisión de un ministro de Pedro Sánchez y de su segundo secretario de organización socialista. Su sucesor, Santos Cerdán, salió esta semana después de permanecer privado de libertad desde el 30 de julio, al considerar el magistrado que ya no había riesgo de destrucción de pruebas y que los indicios criminales se habían visto reforzados. Ciertamente, todo un récord para un presidente de Gobierno en activo, ya que a otros primeros ministros en España les ha ocurrido, pero cuando ya habían dejado el cargo. Este récord Guinness de esta semana ha ido acompañado de otro que también merecería estar en una orla de situaciones degradantes para la calidad democrática, como es la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante dos años; una sentencia que será cuando le sea comunicada, en un par de semanas, y que obligará a un movimiento del Gobierno y a buscarle un sustituto.

La rapidez con la que la UCO de la Guardia Civil está aportando información y la solidez de los indicios está siendo devastadora
 

Aunque los socialistas ya se han acostumbrado en esta legislatura a vivir con la amenaza permanente de las interlocutorias judiciales cercando al círculo personal y político de Pedro Sánchez, ahora están escalando a actuaciones del propio Gobierno y del PSOE como organización política beneficiándose del cobro de comisiones y manejando dinero negro. La rapidez con la que la UCO de la Guardia Civil está aportando información y la solidez de los indicios está siendo devastadora. Ya no hay banderín de enganche posible para un retorno de la legislatura a la normalidad y tan solo se trata del Gobierno ante la publicación permanente de estas informaciones. Lo que ya es incontestable es que, fuera del primer círculo del presidente, la preocupación y el pesimismo han ganado muchos enteros en esta nueva Semana Trágica en que se ha vuelto a especular con el calendario electoral español y las crecientes dificultades, también políticas, para superar el farragoso e imposible día a día, una vez perdido el apoyo de Junts.

En ese contexto judicial y político, la resistencia numantina del presidente del Gobierno obliga a ver que la realidad a la que se enfrenta va más allá del partido de Puigdemont. Esa actitud preocupa en Esquerra y en el PNV, donde han surgido voces internas de preocupación por quedar amarrados a un barco a la deriva. Sobre todo, porque la tempestad no va a amainar y el desgaste electoral acaba teniendo consecuencias para los aliados. De esa situación solo parece estar a resguardo Bildu por la propia situación del País Vasco y su posición de partido emergente, sobre todo en la franja más joven del electorado. El gran drama de los partidos de izquierda que arropan a Sánchez es que ya no saben con qué se van a encontrar el lunes. Vamos, que viven, ahora más que nunca, al día.