Primera lección: cuando se trata del independentismo y de su tránsito por la justicia española, situarse siempre en la peor de las hipótesis ahorra mucho tiempo. Para aquellos cándidos, que aún existen, este martes se ha desvelado lo que era más que evidente: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha traspasado al Tribunal Supremo la investigación por delito de terrorismo de la causa de Tsunami Democràtic, que incluye, entre otros, al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. No son los únicos, pero es la manera como la justicia expresa su oposición al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el independentismo catalán.

Segunda lección: el objetivo final de la justicia española no es otro que dejar en papel mojado lo que acaben decidiendo las Cortes Generales sobre la amnistía. Ellos, como imaginarios garantes de la Constitución y vigilantes del estado de derecho que Sánchez ha puesto en riesgo. Con el caso Tsunami en el Supremo, es fácil que se inicie el camino judicial en Europa una vez el juez del tribunal, con el apoyo de los fiscales (viejos conocidos del independentismo, los del juicio del procés) eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No contarían, en principio, con el apoyo de la Abogacía del Estado, pero no parece exagerado concluir que los fiscales de sala del Supremo se sentirían interpelados a restablecer el supuesto orden constitucional en peligro.

Hay en marcha un proceso, nada disimulado, de desestabilización de Pedro Sánchez y para acortar el máximo posible la legislatura

Tercera lección: la frase de José María Aznar animando a que cada uno haga lo que pueda, tiene múltiples llamados y su efecto avanza como un reloj suizo. No hay día sin que algún estamento o sector de la sociedad se considere interpelado. El parte de este martes señala que el TSJC ha fijado para abril el juicio a Jové, Salvadó y Garriga por la organización del 1-O y que el Supremo ha revolcado al fiscal general del Estado por la promoción a fiscal de sala de Dolores Delgado. En este pronunciamiento contra la ley de amnistía, además, está la utilización del Senado, controlado por el PP con mayoría absoluta, como ariete contra la ley: bloqueo legislativo y altavoz en Europa, consiguiendo así el máximo retraso y un altavoz lo suficientemente importante que ayude a la campaña que ya ha puesto en marcha la formación de Alberto Núñez Feijóo en el parlamento de Estrasburgo. De hecho, este miércoles al mediodía llegará el debate al plenario del Europarlamento y lo hará después de un fuerte rifirrafe entre los grupos popular y socialista.

Cuarta lección y última: que los árboles no nos impidan ver el bosque. Hay en marcha un proceso, nada disimulado, de desestabilización de Pedro Sánchez y para acortar el máximo posible la legislatura. El PSOE hará lo que tenga que hacer, porque, sin duda, lo tendrá que hacer. Tiene poder suficiente y un entramado de intereses para evitar quedar tocado y hundido. La capacidad de supervivencia de Pedro Sánchez se ha comprobado sobradamente estos meses, en que ha preferido un acuerdo que parecía imposible antes que dar un paso atrás. Este instinto asesino no lo tiene el independentismo catalán, capaz, en parte, de ser seducido por cualquier canto de sirena y de ponerse antes en el problema del otro que en ir de cara a barraca. Ir al grano.