La decisión del Parlamento Europeo de enviar, el próximo mes de marzo, una delegación a España para investigar el espionaje llevado a cabo con Pegasus es una mala noticia para el gobierno de Pedro Sánchez y una buena noticia para el independentismo catalán. Después de varios meses de forcejeo, parecía que las fuertes presiones del gobierno español habían sido suficientes para ralentizar, primero, la llegada a Madrid de los eurodiputados y, después, encontrarse con el plazo de un año que debían durar los trabajos de la comisión finalizado. Sin embargo, se le ha dado tres meses más a la comisión para que pueda completar sus trabajos y es por esta puerta abierta que se ha colado la iniciativa de viajar a Madrid y explorar el enorme escándalo de espionaje llevado a cabo con el programa Pegasus y que fue utilizado para prácticas ilegales en los teléfonos de varias decenas de independentistas.

Este comité que investiga el uso de Pegasus ya señaló al gobierno español como responsable del Catalangate y también había denunciado la falta de información de las autoridades a la hora de poder realizar su investigación. A lo largo de las 159 páginas del informe preliminar que se elaboró, se fijó sin discusión alguna que no había razones de seguridad nacional para espiar a los independentistas como sostenía el Gobierno a la hora de solicitar la correspondiente orden judicial a los tribunales españoles para espiar a algunos de los destacados nombres que figuran en la lista de Pegasus. De los 59 independentistas que, según el exhaustivo informe realizado por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, habrían sido espiados, un total de 18 lo habrían sido oficialmente por el CNI y con la correspondiente orden judicial.

Por este sistema de Pegasus se habría tenido acceso a los teléfonos de los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, incluído el actual: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, así como varias decenas más de políticos, abogados, periodistas y activistas. Todo ello con un principal objetivo: conocer en todo momento sus actuaciones y las decisiones políticas que iban a adoptar tanto las instituciones catalanas como los partidos independentistas —Junts, Esquerra, PDeCAT y la CUP— y las entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Una verdadera tropelía, con la comisión de todo tipo de delitos en un estado de derecho que el gobierno español ha tratado de proteger como ha podido de incursiones europeas. Con la llegada de una delegación del Europarlamento esta burbuja de protección que ha construido se le viene abajo y queda con poco margen para poderse defender.

Un ejemplo claro de la posición refractaria que provoca en los socialistas esta cuestión es, por ejemplo, que la comisión abierta en el Parlament de Catalunya fue abandonada por los diputados del PSC el viernes pasado cuando comparecieron los letrados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde y Benet Salellas en la primera jornada de trabajo. Ahora, con la decisión del Parlamento Europeo de viajar a España, se reabre el foco internacional sobre el Estado por el caso Pegasus. No en balde estamos ante el caso de espionaje descubierto más importante de los que han acontecido en las últimas décadas en Europa y que pone patas arriba una manera de actuar absolutamente impropia con los estándares democráticos. Es esa una losa importante con la Comisión Europea, que ya se ha formado una primera idea de la manera de actuar del gobierno español, como dejó escrito en su informe.

Cabe esperar ahora que los comisionados de Europa no vengan de turismo y acaben realizando el trabajo que se espera de ellos. Porque información van a tener de sobras: si no es por la vía oficial, será por alguna de las otras vías que permitieron desvelar el escándalo.