Ahora que hay tanto interés en volver a hablar de la policia patriótica montada bajo el gobierno del PP, pero para tratar de llegar hasta el final por su actuación en el asunto de los papeles de Bárcenas, el independentismo no tendría que dejar que le dieran gato por liebre. Como es bien sabido, populares y socialistas se pusieron de acuerdo para dar luz verde a una vía policial ilegal que desarticulara el procés, pusiera en aprietos a sus máximos dirigentes y tuviera la mayor información posible de sus movimientos, sus conversaciones y sus actuaciones. No hay una Operación Catalunya uno, una Operación Catalunya dos o una operación Catalunya tres. Hay simplemente una Operación Catalunya prolongada en el tiempo que ha transitado ministros e incluso cambios de gobierno.

Este miércoles, sin ir más lejos, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha revelado que tiene el móvil intervenido y ha responsabilizado a los servicios secretos del gobierno del PSOE y de Podemos. El pasado mes de julio, también trascendió que el teléfono del president del Parlament, Roger Torrent, fue espiado con el programa Pegasus, que solo está al alcance de los gobiernos estatales. Pero ni el caso de Paluzie ni el de Torrent debe ser relevante para el Gobierno español: la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha vetado incluir en el orden del día del pleno de la Cámara la creación de una comisión de investigación al espionaje de los políticos independentistas. Una actitud que contrasta con el escándalo que han montado con la intervención de la policía patriótica en la Operación Kitchen, sobre la que sí entienden que es del máximo interés crear una comisión de investigación. No resto importancia a que así se haga en el caso de la actuación irregular del gobierno del PP y el montaje policial para rescatar a Mariano Rajoy de los papeles de Bárcenas sino que en política la ingenuidad no es una buena consejera.

Al PP y al PSOE les interesan sus batallas de desgaste del rival mucho más que denunciar actuaciones policiales irregulares o desbaratar operaciones puestas en marcha contra determinados adversarios con la excusa no ocultada nunca de salvar la unidad española. La Operación Kitchen dará mucho de sí, entre los juzgados y el Parlamento, y no hay que descartar nada ya que no ha hecho más que empezar. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional revela que el comisario encargado del espionaje de la familia Bárcenas para limpiar cualquier rastro de Rajoy tenía a sus órdenes hasta 71 agentes entre policías, oficiales e inspectores para el seguimiento de su esposa, su hijo y hasta la empleada del hogar. No se escatimaron agentes en una operación marcadamente irregular. El nuevo gobierno del PSOE no ha tenido empacho -y ha hecho bien- en hacerlo público y mirar como sea de empitonar al ex presidente del Gobierno.

¿Cuándo veremos un informe así por parte del gobierno español después de años y años buscando información de los independentistas e inventándose noticias y divulgando dossiers falsos para comprometer a sus dirigentes? Sería un magnífico dossier para poner encima de la mesa del presidente del gobierno español en la reunión de la llamada mesa de diálogo con el gobierno catalán que ya negocian Pedro Sánchez y Quim Torra. 

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