Por lo que parece, el susto que se debió llevar el presidente del grupo municipal de Esquerra Republicana en el ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, hace unos días cuando un okupa intentó penetrar en su casa mientras dormía no es una cosa tan extraña y sucede de una manera más o menos regular en distritos como el de Ciutat Vella. Claro está que también pasa en otros municipios, pero el caso de Alfred Bosch ofrece la oportunidad de que se convierta en una noticia algo que hasta la fecha era un extendido rumor: funcionan bandas organizadas que intentan encontrar pisos vacíos, cuando los detectan, los okupan y, una vez dentro, proceden a alquilar la vivienda a terceros.
Y eso se hace de una manera organizada, rápida y sin que el propietario tenga en muchos casos una defensa que solucione de una manera urgente y definitiva su problema. Estaría bien que, ahora que se abre por otros motivos, sin duda muy importantes y que exigen un paso al frente de las administraciones para impedir el crecimiento desorbitado de los alquileres en la ciudad de Barcelona, que se incorporara al debate y a la legislación la protección de la propiedad privada. Pretender confrontar propiedad privada con aumento desorbitado de los alquileres de pisos es un gran error. Las administraciones están para proteger ambos derechos y hacerlos perfectamente compatibles.
No deberíamos convertir Barcelona en una ciudad de apartamentos turísticos ni tampoco que fuera inaccesible para determinadas capas de la población. Algunas ciudades lo han resuelto con acierto después de un consenso político y también social, y otras, como por ejemplo Bruselas, han acabado expulsando a una parte importante de su población por un precio desorbitado de la vivienda en muchas zonas de la capital. Encontrar el equilibrio es básico sobre todo si queremos que los barceloneses ensanchen el sentimiento de identificación con su ciudad, que muchos de ellos pueden tener la sensación que se les está escapando y que de una manera u otra se puede acabar pagando en el futuro.