Con muchos meses de retraso nos empezamos a acercar a la verdad de lo que sucedió el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, cuando murieron 23 personas según la versión oficial y alrededor de la setentena en la valoración que realizaron diferentes ONG. Este viernes, seis diputados de la comisión de Interior del Congreso de los Diputados pudieron visualizar todos los vídeos de la masacre y confirmar que la versión del ministro distaba mucho de ser la verdad, que se produjo un trato inhumano y que marroquíes e inmigrantes entraron en la zona española. O sea, Marlaska mintió y no hubo atención a los heridos en el asalto.

Desde el inicio de la legislatura, el ministro del Interior se ha caracterizado porque en los diferentes casos en que se ha visto envuelto su versión se ha alejado de la verdad. Algunos incluso de carácter personal, como cuando se conoció que el ministerio había gastado 2.800 euros en la compra de una cinta de correr semiprofesional que usaría en la vivienda oficial en la que reside. ¿Es razonable que el erario público deba correr con los gastos personales de un ministro y alcanzar incluso a su deseo de hacer gimnasia? ¿No se lo debería pagar de su bolsillo habida cuenta de que como ministro cobra 74.858,16 euros?

Veremos si, como inicialmente han manifestado, varios partidos acabarán pidiendo una comisión de investigación en el Congreso después de que le hayan perdonado en varias ocasiones durante los más de 1.600 días que lleva como ministro. Hay que poner sus declaraciones en barbecho, ya que Marlaska ha conseguido salir indemne de la veintena de polémicas en las que se ha visto inmerso. Entre ellas, las declaraciones a favor de la denominada ley mordaza, que el PSOE se comprometió a derogar antes de llegar a la Moncloa y que ahora figura en el último de los cajones de las iniciativas legislativas de la Moncloa.

Cuando un ministro permanentemente acorralado consigue salir siempre con vida, hay que sospechar que cuenta con una cierta complicidad de los partidos de la oposición, en este caso de los partidos de derechas. Tampoco es tan extraño, ya que Marlaska encaja perfectamente como un ministro del Interior del Partido Popular o de Ciudadanos. Aunque se declara progresista, llegó al CGPJ con el apoyo del PP y compró números para que Mariano Rajoy lo nombrara fiscal general del Estado tras el fallecimiento repentino de José Manuel Maza en 2017.

Con este perfil de primero juez en el País Vasco en los años duros de ETA y después político en un ministerio de los considerados de estado, Marlaska se ha sentido siempre protegido por el estado profundo. Es con Margarita Robles, la titular de Defensa, un pata negra. Sin embargo, a lo mejor, esta vez se ha pasado de frenada y una comisión de investigación en el Congreso le acercaría al borde del precipicio.