A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público esta semana hemos sabido tres cosas: que en la vivienda oficial del ministro del Interior había una cinta de correr, que se había estropeado; que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha decidido sustituirla y que la pagáramos todos los contribuyentes, siguiendo, seguramente, una tradición que no sabemos a cuando se remonta; y que una empresa con sede en Madrid -Entornos Tecnológicos y de Comunicación- deberá entregarla en la residencia del Paseo de la Castellana número 5 antes del próximo 22 de marzo y que el coste es de 2.770,90 euros.

Hasta aquí la información oficial de la noticia que, aunque no es la primera vez que sucede, no deja de llamar la atención, habida cuenta de que es de uso individual, se la puede llevar al abandonar el Ministerio y que el salario del ministro le permite sobradamente realizar una inversión como esta. En diciembre de 2018, ya nos sorprendió la compra de una bicicleta estática que el Ministerio de Asuntos Exteriores compró por el mismo procedimiento para el entonces ministro, Josep Borrell, en El Corte Inglés.

La respuesta que se ha dado desde el Ministerio del Interior es que Grande-Marlaska no puede hacer ejercicio en la vía pública por razones de seguridad y que, si decidiera practicarlo, debería ir acompañado de varios de sus escoltas, lo que acabaría saliendo más caro que la cinta de correr recién adquirida. Aunque es posible que tengan razón acerca del coste final, la pregunta no debe ser esta. En mi opinión, lo pertinente es preguntar si puede considerarse igual la compra de, por ejemplo, un lavabo o una batería de cocina para la residencia oficial de un ministro y compararla con una cinta de correr. Las primeras cosas son necesidades en una residencia oficial que, además, es una vivienda de trabajo, y la segunda es un capricho que le acabamos pagando todos.

Distinguir entre lo público y lo privado debería estar en el ABC de cualquier político. Sobre todo, en un momento en que la crisis económica derivada de la pandemia no sólo significa que la gente no puede cambiarse de cinta de correr con cargo a los presupuestos públicos, sino que el número de parados se ha elevado este mes a cuatro millones en España. Ello sin contar a los aproximadamente dos millones de personas que están en EREs y sin saber cuántos de ellos podrán recuperar su puesto de trabajo.