La decisión del Tribunal Constitucional alemán de desbloquear el desembolso de los fondos europeos, levantando el bloqueo en que se encontraban fruto de un recurso que se había presentado, es una buena noticia para los países receptores, entre ellos España. Casi 800.000 millones de euros que la Unión Europea pone a disposición de los estados para impulsar la economía después de la crisis de la pandemia que han padecido y que ha afectado de manera desigual a los ciudadanos del continente: los países ricos han tenido a sus gobiernos suministrando cantidades importantes de dinero a fondo perdido para empresas y negocios; mientras otros, entre ellos España, han dejado al albur de sus recursos propios o de créditos blandos al frondoso tejido de pequeñas y medias empresas y de autónomos. Faltará ahora un último trámite nada menor como es que los nueve estados que aún no lo han ratificado lo acaben haciendo.
Una vez dicho que es una buena noticia, más vale que los gobiernos, empezando por el catalán, el presente y el futuro, empiecen a apearse de la idea de que la ingente cantidad de dinero que repartirá la UE será la solución a una parte importante de los problemas que atraviesa la economía catalana. Sobre todo por dos motivos: primero, mientras aquí se discute si tiene que haber o no en el nuevo gobierno un comisionado, muchos de los proyectos ya han salido desde los diferentes ministerios con dirección a Bruselas. En segundo lugar, no está contemplado que este dinero sea un sustitutivo de las ayudas que el gobierno español no ha dado a los sectores más perjudicados con la crisis, sino como una inyección para reformas estructurales y aquí las grandes empresas ya hace muchos meses que corrieron a presentar proyectos.
Ojo que no acabe sucediendo como con la Superliga de futbol en que, seguramente, más de un presidente de alguno de los doce clubes que dieron su consentimiento a la idea ya había hecho las cuentas de la lechera con el destino de los cientos de millones que iba a recibir con la Superliga y que eran de una gran ayuda en un año de pandemia con los estadios vacíos y muchos meses con las competiciones paradas. De pronto, todo se desvaneció —veremos si definitiva o temporalmente— y despertó siendo igual de pobre que 48 horas antes y con la misma cantidad de deuda. Mucho me temo que el ejemplo puede acabar valiendo para el Govern en el tema de los fondos europeos, que tendrá poco a rascar y que acabará teniendo autonomía real tan solo para repartir los restos de la pedrea.
La experiencia demuestra que cuando se trata de ceder decisiones trascendentes —y los fondos europeos son un ejemplo muy claro— la centralización española funciona siempre. Bien sea por un ministerio o por un alto funcionario que sabe desde hace décadas perfectamente cómo se hacen estas cosas. No va a haber ministro que deje que un conseller sea el catalizador de proyectos autonómicos y eso solo hace falta hablarlo con grandes y medianas empresas catalanas que ya tienen cerrados sus expedientes con destino Bruselas previo paso por Madrid. Porque si no lo hacían así, corrían el riesgo de quedarse fuera del reparto. Y es que la política real tiene, lamentablemente, muchos casos como este.