A primera hora de la mañana fue la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, quien trasladó a las autoridades españolas su preocupación  por las crecientes condenas de artistas y activistas estos últimos años. Por la tarde fue la Comisión de Venecia la que reclamó a España una reforma urgente de la conocida como ley mordaza, aprobada en 2015 en el Congreso de los Diputados, por su potencial represivo. Dos coscorrones en un día al autodenominado gobierno más progresista de la historia deberían hacer reflexionar al Ejecutivo español y, a nosotros, obligarnos a pasar menos de puntillas a la hora de denunciar la permanente violación de derechos que lleva a cabo la que según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una democracia plena. Llena de imperfecciones, querrá decir el dirigente socialista, si tiene oportunidad de leer la carta que le ha enviado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la comisaria del Consejo de Europa.

Cuando la semana pasada España Global anunciaba una nueva campaña para lavar la imagen del Estado a nivel internacional, que presentaba incluso la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y que tiene como lema Spain, for sure (España, sin duda) ya cuestionábamos la ingente cantidad de dinero para intentar blanquear lo que es imposible cambiar de color. Al final, el Consejo de Europa acaba, incluso, resaltando una obviedad, como es adaptar el Código Penal a los estándares internacionales de libertad de expresión para salvaguardarla. Lo mismo sucede con el tema de las injurias a la Corona, que tampoco considera que tengan el tratamiento adecuado a la vista de las condenas a prisión que se están produciendo.

España se encuentra en una peligrosa encrucijada, ya que necesita mantener la represión actual para seguir atemorizando a los independentistas catalanes, una vez ha descartado llevar a cabo cualquier diálogo mínimamente efectivo sobre el fondo del conflicto catalán. Pero esto tiene un gran inconveniente: la persistencia de una ciudadanía que elección tras elección da su confianza a las fuerzas independentistas que tienen exiliados y presos. Alargar la represión es ponerse en evidencia en Europa; aflojarla, como le exige Europa, es considerado en Madrid como una inaceptable cesión al independentismo. Pero la pregunta a hacerse debería ser: ¿Hasta cuándo España podrá soportar la crítica continuada de organismos europeos preocupados por la permanente vulneración de derechos fundamentales? Y esa pregunta es la única que ningún dirigente español, con la excepción de Pablo Iglesias, quiere hacerse.

Este lunes también hemos conocido que la Sala Militar del Tribunal Supremo había reducido a una sanción económica disciplinaria de ocho días la multa al teniente coronel del Ejército Enrique Área Sacristán, que en un artículo había amenazado a los dirigentes independentistas con las armas. Este militar, actualmente en la reserva, había escrito lo siguiente en referencia a los independentistas : "No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia". Una sanción de una semana después del recurso que presentó al Supremo porque el Ministerio de Defensa le había sancionado por quince días. Sin comentarios.