La decisión del Govern de la Generalitat de imponer un toque de queda en 158 municipios —lo que equivale a más del 80% de la población de Catalunya— es un duro golpe para el sector turístico, la economía y la imagen del país. Los responsables de esta zona de color rojo que las televisiones del mundo entero llevan varias semanas enseñando y, en consecuencia, ahuyentando a los visitantes extranjeros —bien sea con mensajes subliminales de los gobiernos o con instrucciones mucho más imperativas a sus nacionales— van a tener que cruzar los dedos si no quieren perder de una tacada, además del mes de julio, también agosto y septiembre.
El Govern ha adoptado una medida impopular como es un toque de queda entre la 01.00 y las 06.00 horas en pleno verano después de que el martes ya acordara cerrar cualquier actividad a las 00.30 horas, lo que afecta fundamentalmente la restauración, el ocio nocturno y el sector cultural, y limitando a diez personas los encuentros en restaurantes o en domicilios. Sorprende que en un momento en que la curva aparentemente ha empezado a retroceder y el pico máximo ya ha quedado atrás se imprima simultáneamente la medida más dura de los últimos meses. Expertos, y muy buenos, tiene la Generalitat, pero escuchando en las últimas horas a Àlex Arenas o a Oriol Mitjà parecían ser moderadamente optimistas respecto a los datos de los próximos días ya antes de que se anunciara el toque de queda.
Quizás el hecho de que se imponga por un mínimo de siete días ya da una idea de que nadie se ha querido precipitar, hablando, como en otras ocasiones, de un mínimo de quince días. Veremos, porque si bien las cifras de contagios son muy altas, las de ingresos hospitalarios o las UCI aún están en unos parámetros no alarmantes. Otra cosa es el miedo que pueda haber respecto a la evolución de la variante delta y la incidencia de la quinta ola.
Desde el primer día he defendido que había que escuchar con mucha atención la posición de los médicos y los expertos, que son los que más saben respecto a la evolución de la pandemia. Pero, al mismo tiempo, apunté que el gobierno debía gobernar y que era un error dejar esta responsabilidad en manos exclusivamente del colectivo médico, que tiene una visión sobre la covid-19 sin duda muy acertada y precisa, pero en las decisiones siempre hay otros imponderables que hay que valorar aunque en ocasiones no se tengan en cuenta.
Es fácil hablar con los diferentes sectores económicos de la amplia zona turística catalana y encontrarlos estas últimas horas en un auténtico pie de guerra, ya que consideran que el Govern se ha precipitado, ha colocado una auténtica bomba atómica en su economia y ha lanzado directamente a la basura la temporada. Es un punto de vista muy particular, claro está, pero el hecho de que en unas zonas unos gobiernos adopten unas medidas y en otros lugares otras, hace más comprensible su irritación.
Y, por en medio, el Tribunal Constitucional ha tumbado por seis votos a cinco el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez y que tuvo vigencia entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020. Que la resolución se haya adoptado a partir de un recurso de Vox no es ninguna anécdota. Y que haya sido el primer Tribunal Constitucional de un estado de la UE que tumba las medidas gubernamentales contra el coronavirus es toda una declaración de intenciones en un debate tan complejo como el dilema entre preservar la salud pública o la libertad individual.