Tantos pasos hacia atrás está dando España  que incluso como si se tratara de un viaje al túnel del tiempo retorna un hit parade y vuelven las promesas de principios de los años 80, aquellas que protagonizó Felipe González antes de llegar a la Moncloa en octubre de 1982. Como si no hubiera otra cifra con la que jugar y especular, este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se subió a la tribuna de oradores y presentó pomposamente el que ha denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para los próximos tres años. Dijo que va a movilizar unos 72.000 millones de euros -dada la ruina española tendrán que ser los que vienen de Bruselas-  y que creará 800.000 puestos de trabajo en tres años. Si Sánchez quería que su propuesta naciera desacreditada solo tenía que hacer una cosa: repetir la promesa que González nunca fue capaz de cumplir. El propio ex presidente en 2008 reconoció con estas palabras su error de principiante pero que, sin duda, le dio impulso en aquella campaña electoral: "Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos. Ya me callé para siempre porque los empleos los dan los empleadores y no el Estado".

A buen seguro, a Pedro Sánchez esto le debe preocupar poco  ya que tendrá este jueves los titulares de la prensa de papel igual que ha tenido este miércoles muchos minutos en las televisiones estatales. Además, del brazo de esta promesa se desplazará el viernes a Barcelona al simposium económico que ha organizado el Consorcio de la Zona Franca y al que acudirá junto a Felipe VI. Oiremos hablar de ella y empezará el momento de las promesas territorializadas mientras en la calle los partidos independentistas, las entidades soberanistas y los CDR han anunciado ya actos de protesta contra la visita del Rey. Hablar de lo que sucederá en los próximos tres años siempre sale más barato y tiene menos compromiso que sentarse en una mesa, que él mismo acordó con ERC, para encontrar una solución al conflicto catalán y desjudicializar la política. El excel y los números son mucho más etéreos y menos comprometidos que, por ejemplo, una ley de amnistía, por no decir un referéndum acordado.

Como que en el planeta Sánchez todo se hace teniendo en cuenta el rédito electoral que se puede acabar sacando, cabe pensar que le preocupa bastante poco que la Audiencia Nacional haya decidido elevar al Tribunal Supremo una petición para que abra una causa penal contra el vicepresidente Pablo Iglesias por denuncia falsa en el caso su exasesora Dina Bouselham por tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; denuncia falsa en relación con el robo del móvil de su exasesora; y presuntos daños informáticos. Allí, en el Supremo  se encontrará un ramillete de magistrados que han dado mucho que hablar: desde Manuel Marchena, el presidente de la Sala que juzgó el 1-O; Andrés Martínez Arrieta, el presidente del tribunal que ha inhabilitado a Quim Torra; o Eduardo de Porres, instructor de la causa contra Laura Borràs. No hay por ahora indicio de causa penal contra Iglesias y todo es aparentemente una exageración -por decirlo suave- del juez de la Audiencia Manuel Garcia Castellón.

Pero la Audiencia y el Supremo tienen vida propia y lo que acaban viendo los magistrados no es lo que vemos el común de los mortales. Por eso, los presos políticos y el president Torra están donde están. Iglesias necesitará algo más que ser inocente.                                                                                

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