La decisión del Govern de Catalunya de aplazar la consulta sobre la presentación o no de la candidatura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno para el año 2030 tiene el efecto contrario al que el Ejecutivo catalán dice pretender: crea incertidumbre en el territorio, desconcierta a los sectores que la habían apoyado, traslada una imagen de debilidad del Ejecutivo catalán en un proyecto que formalmente había apoyado y, realmente, siembra dudas sobre los verdaderos motivos del aplazamiento. Todo en el tema de los Juegos ha sido tan opaco y con tan poca transparencia que no sé muy bien si alguien se va a creer en serio que este es un proyecto estratégico para el Govern o, por el contrario, es simplemente un decir que sí porque no se sabe cómo decir que no a los sectores económicos que están demandando volver a ponerse al frente de un proyecto olímpico, aunque sea de invierno.

No habrá consulta el 24 de julio, como había venido anunciando el Govern. En consecuencia, tampoco el president Pere Aragonès ha firmado el decreto de convocatoria de la doble consulta, con una pregunta para la veguería del Alt Pirineu i Aran y otra para los tres territorios indirectamente afectados: el Ripollès, el Solsonès y el Berguedà. A los primeros, se les tenía que preguntar si "el Govern de la Generalitat tiene que presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2030" y en las otras tres comarcas la pregunta a contestar era si "su comarca tiene que involucrarse en el proyecto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2030". En el caso del Alt Pirineu i Aran, los votos se contabilizaban por el conjunto de las cinco comarcas de la veguería; en el Ripollès, el Solsonès y el Berguedà la base de recuento era la comarca y en función de la respuesta se estudiaría el grado de implicación.

Una encuesta publicada esta semana en El Nacional.cat sobre la posición de las comarcas más directamente afectadas situaba en el 68% los votos afirmativos a la presentación de la candidatura, con el 28% en contra; y un porcentaje algo menor de síes, un 62%, en las otras tres comarcas, en las que se les preguntaba sobre si el territorio se tenía que implicar. Es evidente que cuando aún faltaban unos dos meses para la doble consulta, los porcentajes podían cambiar pero, hoy por hoy, la posición existente era de una cierta fortaleza de los defensores de los Juegos, aún reconociendo que los defensores del no tampoco habían dado su brazo a torcer. Un ejemplo de ello es la manifestación que se celebró hace unas semanas en Puigcerdà en contra de presentar la candidatura de los Juegos, alegando el impacto negativo que tendría en el territorio. 

Se abre ahora un período incierto sobre la consulta, entrando el Govern en el juego del presidente del gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán. El peculiar presidente aragonés, que está en campaña electoral ante unos números que no le aseguran su reelección, ha encontrado en los Juegos una manera de reforzar su candidatura con una confrontación permanente con el Govern de Catalunya, con una cierta complacencia —aunque aparente lo contrario— del Comité Olímpico Español. Si Catalunya considera a Lambán un socio no deseado, lo mejor hubiera sido un rush final en defensa de una candidatura del Pirineo catalán y buscar las pistas que hacen falta por altura —como las de fondo— en Andorra o en el sur de Francia.

Sin embargo, con la suspensión de la anunciada doble consulta, el mensaje que acaba quedando es que, más allá de las palabras, se da una patada hacia adelante y en el futuro ya veremos qué se acaba haciendo. Dependerá del clima político que haya y de cómo sople el viento. Esa es la realidad.