Son varios los juristas que en las últimas horas han alzado su voz contra la jueza de Lleida que ha rechazado un confinamiento más intenso de la capital del Segrià y siete municipios más de la comarca, aprobado por el Govern en la tarde del domingo, por no encontrar un fundamento jurídico para la sorprendente decisión judicial. Un auto firmado por Elena García-Muñoz Alarcos, magistrada-juez sustituta adscrita al Juzgado número 1 de Lleida en funciones de guardia, firmado en la madrugada del lunes, ha puesto patas arriba la decisión del Govern y situado los límites reales de la autonomía catalana y de la interpretación cada vez más restrictiva que se viene haciendo. El gobierno de los jueces acaba siendo cada vez más una realidad en la vida diaria y no hay que olvidar que, en este caso como en muchos otros, alimentado con otro posicionamiento de la fiscalía, que fue la primera en oponerse.

Lo más sorprendente de todo es que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha terciado en el asunto pidiendo a los vecinos del Segrià que hagan caso de las recomendaciones de la Generalitat, con todo lo que tiene de escena surrealista y poco común en un momento de tanta controversia política. Será, quizás, que, en el río revuelto, contra el poder político, o contra un determinado poder político, todo el mundo se atreve y no hay por qué pensárselo dos veces a la hora de intervenir. 

En medio de todo este caos, cuesta saber quién es la autoridad competente y a quién tienen que hacer caso los ciudadanos, en este caso los del Segrià pero en cualquier otro momento serán los de cualquier otro territorio. No se puede estar a expensas de una decisión que, como en el caso que nos ocupa, escape del control del poder político, con todas las consecuencias que de ello se puedan derivar. Quizás ya se trata de eso y por eso se advierte desde la fiscalía que cambiar la resolución aprobada el domingo y publicada en el DOGC por un decreto ley aprobado este mismo lunes por el Govern tampoco servirá de nada ya que será de nuevo ilegal y podría acabar en el Tribunal Constitucional.

Por este camino, el colapso sanitario está prácticamente asegurado y la aprobación de un segundo decreto de estado de alarma por parte del gobierno español es solo cuestión de semanas ya que es imposible romper el crecimiento de la cadena de contagios si no se puede actuar. Y esa es, hoy por hoy, la prioridad de la conselleria de Salut una vez descartadas alternativas que el viernes estuvieron encima de la mesa como actuar exclusivamente sobre las franjas de edad más en riesgo por la pandemia.

Lo cierto es que mientras la juez acaba adoptando una decisión controvertida y cuyo resultado tiene consecuencias evidentes contra la propagación del coronavirus, las voces de alarma desde el poder político no hacen más que crecer. Ya no es el Segrià sino que l'Hospitalet de Llobregat y en menor medida Barcelona están en el foco de las autoridades sanitarias. Especialmente preocupante es el caso de l'Hospitalet de Llobregat, la ciudad con una mayor densidad de población de Europa, con más de 21.000 habitantes por km2. En zonas como La Florida o Collblanc-Torrasa la densidad está muy por encima de la media de la población.

La alarma sanitaria no solo ha generado inquietud en las zonas afectadas sino que se ha propagado por el conjunto de territorio que empieza a ver como la campaña turística se empieza a diluir y algunas de las reservas hoteleras contratadas empiezan a sufrir. Encontrar el equilibrio entre asumir riesgos controlados y llevar a cabo acciones que sean una temeridad no es nada fácil para el gobernante, sometido a múltiples presiones hacia un lado y otro. Es necesario una ponderación de todos los factores, pero sin dejar la conducción del país a quienes son en su ámbito concreto grandes profesionales.

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