Con buen criterio, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al letrado que tiene designado en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez. Puente considera que la maniobra de Ábalos era fraude de ley, porque se producía pocas horas antes de su declaración en el Supremo y proponiendo un abogado de oficio que, necesariamente, hubiera pedido el aplazamiento de su defendido por desconocimiento de la causa. En consecuencia, el número tres del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2021 y mano derecha de Pedro Sánchez, comparecerá con su abogado natural, declarará o no, ya que está en su derecho de no hacerlo, y se ha anunciado que a su finalización se realizará una vistilla para que las partes se pronuncien sobre su ingreso o no en prisión después de las nuevas informaciones conocidas y que involucran aún más a Ábalos. La posición de la Fiscalía Anticorrupción puede ser determinante y las apuestas en el Madrid político son de que la mayoría de las opciones pasan por su entrada en la cárcel.

También está prevista la declaración de Koldo García Izaguirre, cuyo nombre da origen al denominado caso Koldo, una investigación que se remonta a 2022 y que guarda relación directa con la causa contra Ábalos: de hecho, era su asistente en la etapa que fue ministro de Transportes, entre 2018 y 2021. En la cúpula de esta trama se encuentra el también exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ocupó el cargo entre julio de 2021 y junio de 2025 y que está en la prisión de Soto del Real desde el pasado mes de junio por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En total, Ábalos y Cerdán dirigieron el área de organización del partido durante ocho años seguidos y, entre ellos, todo el actual período de gobierno de Pedro Sánchez. En la misma resolución del magistrado Puente, el instructor mantiene el señalamiento de la declaración de Ábalos para este miércoles a las 10.00 horas, y precisa que, una vez acabada, se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la llamada vistilla, donde las acusaciones pueden pedir medidas cautelares, como su prisión provisional.

Las apuestas en el Madrid político son de que la mayoría de las opciones de Ábalos pasan porque entre en la cárcel

Aunque el PSOE se ha esforzado en intentar desactivar todas las bombas relacionadas con el trío Cerdán-Ábalos y Koldo, la entrada en prisión de Ábalos, que aún conserva la condición de diputado del Grupo Mixto en el Congreso, significaría devolver el foco informativo hacia la corrupción, el principal problema que envuelve al PSOE y del que solo consigue salir cuando introduce en la agenda temas como el genocidio de Palestina, la renuncia a contribuir a la OTAN en el mismo porcentaje que el resto de países occidentales o proponiendo la reforma de la Constitución con el tema del aborto. Dada la fragilidad parlamentaria de Sánchez, el voto de Ábalos no es cualquier cosa para alguna de las leyes que ha tratado de aprobar el actual gobierno o para salvar votaciones trascendentales. Este hecho le ha servido al diputado investigado para utilizarlo como arma arrojadiza hacia el juez, señalando la importancia de su voto para impedir su entrada en prisión. Algo totalmente extemporáneo, ya que hay doctrina del Constitucional en contra, como muy bien recordarán los presos independentistas, a los que no se les permitió votar aunque tenían la condición de diputado.

En el origen de la comparecencia de Ábalos en el Supremo no hay una cuestión precisamente menor. El último informe elaborado por la UCO sobre su patrimonio apunta al uso de cantidades elevadas de dinero en efectivo de presunto origen ilícito. Esa situación, le otorga un riesgo de fuga alto y está en el origen de su posible entrada en prisión. La onda expansiva de su ingreso en la cárcel iría más allá del PSOE porque incide directamente en la incomodidad de los socios, permanentes o puntuales, por quedar atrapados electoralmente en la telaraña de la corrupción como aliados políticos. Junts y el PSOE, por razones diferentes, han dado muestras de preocupación, pero últimamente también Esquerra Republicana se ha sentido interpelada. En el caso del partido de Puigdemont, la lista es más amplia porque su enfado por los incumplimientos —catalán en Europa, aplicación de la amnistía y transferencia de las competencias de inmigración— hacen un cóctel de difícil digestión.