La ausencia del president Quim Torra en el juicio que se ha celebrado este jueves en la Ciutat de la Justícia, donde se le juzgaba por segunda vez por no haber retirado de manera permanente y fuera del período electoral la pancarta de apoyo a los presos políticos que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, servirá tan solo para remarcar la parcialidad de los tribunales españoles. Porque la petición fiscal de 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa se mantuvo y el juicio se celebró en su ausencia. Pero, pese a todo, no hay acto de protesta ni baldío ni pequeño, ni iniciativa política exagerada, por más que pueda molestar, si de lo que se trata es de denunciar una manera de hacer solo explicable por el hecho de que se quiere perseguir a un president de la Generalitat, que fue inhabilitado por no descolgar una pancarta. ¡Una pancarta!

El rodillo judicial no se detendrá por la ausencia del president Torra y, mientras tanto, solo se puede constatar que la represión tampoco se para y que la plantilla de ir caso a caso aplicando condenas que dejen fuera de la vida política catalana cuantos más actores mejor es una constante que no modifica ni el paso del tiempo, ni una política de menor confrontación con el estado español como la actual. El independentismo se ha acostumbrado a acudir ante las puertas de los tribunales de justicia con aquella normalidad de quien cumple una rutina, porque la pena que al final el tribunal le impondrá será significativa. Es cierto que el Tribunal Constitucional se ha mostrado dividido en algunas de sus últimas sentencias, sobre todo en aquellas que un día u otro los tribunales europeos tendrán que analizar, y, a buen seguro, desautorizar. Pero las mayorías de los que han liderado la represión judicial siguen siendo muy amplias.

Todo ello se produce en un momento en que a la permanente represión se ha sumado una percepción en amplios sectores del independentismo de que la ausencia de estrategia ha colocado el movimiento en un cul de sac. Este jueves, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat ha certificado una diferencia de casi quince puntos entre los partidarios de la independencia (38,8%) y los contrarios (53,5%). No es una diferencia menor, aunque bien es cierto que la pregunta no es exactamente sobre cuál sería la posición de los encuestados en un referéndum de autodeterminación, sino sobre si quieren que Catalunya sea un estado independiente o no. Sea como sea, se ha perdido mucho empuje y aquellas pequeñas victorias o el casi empate técnico del pasado mes de mayo, donde solo había una diferencia de algo más de tres puntos, han abierto ahora una horquilla muy significativa.

Es obvio que varias son las razones, quizás la más importante de ellas que no se vislumbra en el horizonte una situación similar a la que la política catalana vivió el año 2017. También el cansancio y la falta de estrategia, que desemboca, por ejemplo, en que todos los partidos independentistas tengan fugas entre su electorado en el apoyo a que Catalunya sea un estado independiente. Así, en Junts son partidarios el 93,2%; en la CUP, el 85,7% y en Esquerra, el 82,1%, porcentajes alejados de los de hace unos pocos años. Lo que permanece invariable es el amplio apoyo de la sociedad catalana a un referéndum de autodeterminación, que sigue siendo del 72,6%, con una oposición de tan solo el 19,1% del cuerpo electoral catalán. Sigue habiendo ahí un lugar de encuentro muy amplio de la sociedad catalana aunque el 1 de octubre de 2017 ya se hiciera un referéndum que contó con la violenta represión del estado español.