El abogado Gonzalo Boye ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares de ningún tipo por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, tras una declaración de unos veinte minutos. La Fiscalía, pese a todo el revuelo que se produjo el pasado lunes, pedía tan solo unas cautelares de comparecencia en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes que la juez no ha aceptado. Aunque la duración de las noticias en un punto álgido informativo es cada vez menor, vale la pena recordar cuáles eran las acusaciones -hace tan solo 48 horas- y el por qué del registro policial a su domicilio y a su despacho durante trece horas el pasado lunes: blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico. Una acusación grave que, a la vista de la decisión judicial, tenía muy poca consistencia pero que, en cambio, sí que ha conseguido el efecto perseguido: clonar el teléfono de Boye, disponer de acceso a su correo electrónico y minar su reputación como letrado.

Para los que no lo saben, Boye es el abogado del president Carles Puigdemont y de varios exiliados del Govern residentes en el extranjero y de algún otro preso político, también fuera de España. Un dato sin el cual no se entiende la enorme operación policial, que desprende, se mire como se mire, un fuerte hedor de las cloacas. Alguien parece haber pensado y decidido que esa era una manera tan buena como cualquier otra de atropellar con el menor coste posible tanto al quisquilloso y polemista letrado como al president Puigdemont, una auténtica mosca cojonera para el Estado español. Lo cierto es que la operación policial del lunes no puede ser 48 horas después más ridícula ya que si nos abstraemos de la burbuja mediática madrileña unionista, que se mueve en círculo sobre sus propias teorías, la condena del relator del Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados no puede ser más explícita así como el pronunciamiento de organismos internacionales de abogados.

Es obvio que, en función del uso que se acabe haciendo de un material sensible obtenido, repito, a rebufo de una intervención policial por un caso vinculado al narcotráfico, la situación puede acabar facilitando una información confidencial abogado-cliente en el caso de Puigdemont y de otros presos políticos. También de otros clientes que el letrado pueda tener. No debería ser así en ningún caso y máxime con la paradójica situación de libertad sin cargos de Gonzalo Boye. Pero lo cierto es que su móvil ha sido clonado y el hipotético uso que se pueda hacer escapa absolutamente a su control. Y, por delante, está el inicio de la demanda de extradición solicitada por el juez Pablo Llarena en nombre del reino de España y que se inicia el próximo martes en Bélgica con las preliminares. No hay que ser especialmente suspicaz para creer en las causalidades más que en las casualidades.

El relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego Garcia-Sayán, ha expresado su preocupación por los ataques contra Boye y ha reclamado que el ejercicio de la profesión de abogado tiene que estar libre de influencias, presiones y  control político o gubernamental. El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Berlín, ha denunciado la operación  al relator especial de la ONU asegurando que la actuación policial estaba basada en un pretexto falso con el objetivo de desacreditar a Boye. Son posiciones importantes de una situación que ha desbordado las fronteras españolas. Un motivo más que suficiente de la perplejidad extranjera cuando intentan arrastrarte por el barro.

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