Por más que se trata en Madrid de eludir el tema, un buen conocedor del estado de ánimo de lo que se cuece en el entorno de Pedro Sánchez me relataba estas últimas horas el impacto que estaba teniendo el demoledor editorial de un diario tan influyente como el The Washington Post a raíz de las prácticas de espionaje de determinados gobiernos y, concretamente, el realizado a los independentistas catalanes con el programa Pegasus. Un texto concluyente, de aquellos que este viernes habrá sido distribuido en muchas cancillerías europeas y en el que se apunta directamente a las autoridades españolas. Ni que decir tiene que han tenido una información mucho más ajustada, clarificadora y certera los lectores de este medio norteamericano, y del resto de publicaciones que han recogido la noticia desde el lunes, cuando se conoció a través del trabajo llevado a cabo por el centro de investigación canadiense de la Universidad de Toronto, The Citizen Lab, y que ha dado pie a un extenso reportaje publicado en la revista The New Yorker, que los pacientes y desinformados lectores de la práctica totalidad de cabeceras editadas en Madrid que llegan a los kioscos.

La visión monolítica de aquellos que priman la unidad de España por encima de las leyes internacionales está haciendo un grave daño a la democracia española. Este miedo a las repercusiones internacionales que está teniendo el CatalanGate es fácil palparlo en los entornos políticos, ciertamente con gradaciones diferentes. Desde la gran incomodidad de Unidas Podemos al siempre calculador Pedro Sánchez, mirando más a la gravitación de su legislatura que a cualquier otra cosa. Incluso el nuevo PP de Feijóo ha hablado de la necesidad de actuar con transparencia, una frase que tendría su importancia si esta formación de la derecha extrema fuera en serio, algo ciertamente imposible.

Todo ello, ¿qué demuestra? Fundamentalmente, que la presión que están empezando a sentir —la que viene de fuera, claro está— les obliga a encontrar una cierta salida que ellos pretenden que sea un atajo hacia ningún sitio. Y creen haberlo encontrado en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, que no se reúne desde 2019 por las reticencias de los dos grandes partidos a facilitar información considerada clasificada a los partidos independentistas catalanes y vascos. Sería algo así como colocar un primer dique de contención a la exigencia de investigar qué ha sucedido, como demandan los medios internacionales, además, obviamente, de los espiados con técnicas mafiosas y los partidos independentistas. Veremos, seguramente, en los próximos días una oferta española en esta dirección que rebaja de manera significativa la comisión de investigación parlamentaria —el punto mínimo aceptable si se acuerdan dos cosas: un calendario razonable y el compromiso del PSOE de que no se vetarán comparecencias parlamentarias— y, claro está, la petición de dimisiones de miembros del Gobierno.

La pelota de juego está en este tema en el espacio independentista, ya que solo una solución avalada por sus partidos tiene posibilidades de transitar por las Cortes con una mínima garantía de credibilidad. De ahí que, aceptar contenedores, por grandes que sean, vacíos por dentro, solo serviría para enterrar políticamente el escándalo del espionaje del CatalanGate y dar por bueno que se puede pasar página como si de cualquier otro rifirrafe entre partidos se tratara. La gravedad del caso y no es casual que sea The Washington Post, —el diario que reveló el Watergate e hizo caer al presidente Richard Nixon abriendo una crisis institucional de proporciones colosales— el que dibuje el camino de la necesidad de una condena y sostiene que las democracias no tendrían que rendirse ante un futuro de vigilancia ilimitada. Por eso, hay que rechazar los atajos de cualquier tipo.