Posiciones alejadas y con dificil, muy difícil acuerdo. Esta es la principal conclusión de la primera entrevista en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. La cita refuerza la vía del diálogo y de la negociación para resolver el conflicto político entre Catalunya y España aunque desde posiciones muy alejadas. "El Govern no renuncia a la independencia", señaló Aragonès después de plantear la amnistía y el referéndum. La respuesta de Sánchez fue la imaginable: el statu quo actual ya nos va bien.

Si esta reunión ha sido el primer asalto, el segundo será la tercera semana de septiembre, cuando ha quedado fijada la primera reunión de la mesa de diálogo. Una fecha, aparentemente, demasiado alejada, pero, al final, tendrá poca importancia que la reunión se celebre unas semanas más tarde si el gobierno español trae finalmente alguna propuesta tangible a la mesa de negociación frente a la de amnistía, referéndum y autodeterminación que plantea la posición catalana.

El president de la Generalitat tendrá que poner mucha imaginación para mover la intransigente posición del gobierno español, que parte de la base de que con los indultos ya ha recorrido una parte del camino y que ahora le toca a la Generalitat mover pieza, algo que en lenguaje monclovita quiere decir renunciar a alguna de sus reivindicaciones. Quizás por ello, el president catalán ya dejó claro en la rueda de prensa que el Govern ya estaba en una posición intermedia y no maximalista al enfatizar el referéndum y no exigir la independencia.

La ministra Montero, que intervino con tiento al finalizar la reunión para no provocar ningún incendio después de que quedara claro cuán alejadas están las posiciones, enfatizó que el camino no era fácil y que ellos tenían la obligación de pensar en el interés general de España. En cualquier caso, el Gobierno español trató con deferencia al president, no entrando a enmendar una a una sus afirmaciones ni queriendo rivalizar en protagonismo.

Que la cita de la Moncloa haya coincidido con el mazazo del Tribunal de Cuentas a un destacado grupo de dirigentes del independentismo catalán, entre ellos los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc Homs, Raül Romeva, y una treintena larga de altos cargos del Govern de la época, no hace sino reflejar que si el acuerdo ya es muy difícil, la represión permanente e indiscriminada al independentismo lo aleja aun más.

El estado español, acostumbrado a vivir en la represión, tiene sus propias reglas de juego. Y sus propios instrumentos como este organismo que bien merecería llamarse el Tribunal Que Pasa Cuentas y que, después de hacer la vista gorda ante inmumerables casos del PP, parece haber encontrado su razón de ser arruinando la vida y el patrimonio después de solicitar 5,4 millones en fianzas a los líderes catalanes. A esto le llama el Gobierno español una piedra en el camino. ¿Qué será tener un muro enfrente?