Una de las propuestas estrella del PSOE para, dice, encauzar el problema con Catalunya es recuperar el Estatut d'Autonomia que el Tribunal Constitucional tumbó en su sentencia del 28 de junio del 2010. Casi siete años después del mayor atropello jurídico llevado a cabo por el TC de la época con el asentimiento e inspiración de PSOE y del PP, los socialistas proponen volver a la casilla de salida. Como si nada hubiera pasado. Un poco de memoria: en aquel fallo se declararon inconstitucionales 14 artículos y sobre otros 27, el alto tribunal hizo una interpretación tan restrictiva que de hecho políticamente los estranguló. Lo más irónico es que del TC salió la versión más suave, si se puede llamar así y que avalaban los cinco magistrados llamados progresistas y un conservador que se sumó. En contra estaban otros cuatro conservadores, con un texto aún más mutilado.

El Estado perdió allí la antepenúltima posibilidad de llegar a un acuerdo con Catalunya, ya que no quiso acordar nada sino que optó por humillarla creyendo, equivocadamente, que podía hacer lo que le viniera en gana. Como siempre, zarandeada por los sectores más hostiles a cualquier pacto. La penúltima posibilidad fue en 2012, después de la primera manifestación del 11 de setembre, en que el entonces president Mas acudió al Palacio de la Moncloa planteando una negociación para un sistema económico similar al concierto vasco y se encontró con un sonoro portazo.

Estamos desde el inicio de la actual legislatura catalana, en la que puede acabar siendo la última posibilidad española: acordar un referéndum. Como en Escocia y como en Quebec y de resultado, seguramente, muy incierto. Pero Madrid no quiere dar su brazo a torcer y las posibilidades de acordar el referéndum son prácticamente inexistentes. Después de la consulta de aquel 9 de noviembre de 2014, en que más de 2,3 millones de catalanes acudieron a votar, su reacción ha sido juzgar y condenar a los responsables Mas, Ortega, Homs y Rigau. En el corredor judicial están en espera la presidenta del Parlament, miembros de la Mesa y diferentes cargos electos. En las próximas semanas seguiremos viendo como los tribunales son el único poder español en el que se habla del tema catalán.

Y en este contexto, el PSOE tiene la ocurrencia de recuperar el Estatut. El recortado, claro, y quizás no todo. Aquel que Alfonso Guerra dijo con enorme satisfacción como presidente de la Comisión Constitucional del Congreso que se había pasado el cepillo al texto recibido desde el Parlament el 30 de septiembre del 2005. Realmente, entre el presidente Rajoy desempolvando propuestas de infraestructuras no cumplidas del gobierno Zapatero y la gestora socialista del PSOE y la andaluza Susana Díaz planteando un retorno al pasado, la política española no ha entendido nada de lo que está pasando en Catalunya. Y como en aquellas cuartillas amarillentas que Miguel de Unamuno tiró a Manuel Azaña en la Nochebuena de 1918, "Catalunya ha de acabar, y muy pronto, por separarse del todo del Reino de España y constituirse en Estado absolutamente independiente". El año que viene, se cumplirá un siglo.