Desde hace un tiempo, aquella segunda quincena de julio, que acostumbraba a ser un auténtico desierto informativo y el preludio de lo que también era agosto, ha mutado y la antesala de las vacaciones de verano ha cobrado fuerza gracias a aquellos que quieren irse con las carpetas cerradas y los que durante el año no han hecho los deberes y quieren aprovechar el final de curso para aparentar que sí, que ellos han cumplido.

Por eso, la última semana de julio esperan dos acontecimientos informativos de alto voltaje: en la primera parte de la semana, Carlos Ramos, el juez instructor del TSJC encargado de abrir el juicio oral de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, es previsible que proceda a ello y se conozca su interlocutoria. Después de la elevada petición de penas por parte de la fiscalía —seis años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental mientras era directora de la Institució de les Lletres Catalanes— es obvio el desenlace de lo que firmará el magistrado. Hay una pequeña posibilidad de que la apertura de juicio oral se retrase hasta septiembre —agosto es inhábil— pero nadie apuesta por esta posibilidad.

La apertura de juicio oral arrastrará el caso al Parlament de Catalunya donde la Mesa deberá pronunciarse sobre la situación de Borràs a partir de la interpretación que se haga del artículo 25.4 que hace referencia a la suspensión de un diputado cuando se le abre un juicio oral por un delito de corrupción. Aunque Junts ha intentado buscar el apoyo parlamentario de Esquerra y la CUP para blindar a Borràs no lo ha conseguido, ya que ambos partidos no enmarcan la situación procesal de la presidenta como un caso de lawfare. No obstante, y pese a que el artículo 25.4 habla de suspensión inmediata, no parece probable que acabe siendo así y hay un convencimiento amplio de que el calendario permitirá que sea en septiembre cuando se decida.

La segunda carpeta de la próxima semana será la reunión de la llamada mesa de diálogo entre el gobierno español y el Govern, en puridad la parte del ejecutivo de Esquerra Republicana. Sorprendentemente, la cumbre no tiene una fecha anunciada, aunque se aseguró después la entrevista entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès hace ocho días que sería antes de final de mes y también que ellos no asistirían, delegando en sus respectivos equipos. El ministro Bolaños y la consellera Vilagrà enmarcaron esta cita en la "superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica" que no es exactamente la desjudicialización y que precisa la cooperación activa de la fiscalía general del Estado, cuyo nuevo titular será en breve Álvaro García Ortiz, que esta semana ha sido designado por el gobierno para sustituir a Dolores Delgado, además de la Abogacía del Estado dependiente de Presidencia del Gobierno.

El objetivo de la parte catalana sería conseguir que la macrocausa del juzgado 13 de Barcelona tuviera un tratamiento diferente y aquí podría entrar la posible recuperación de la modificación del Código Penal para abordar la supresión de los delitos de sedición y de rebelión, en línea con otros códigos penales europeos. Esta modificación es una vieja idea del diputado de los comuns Jaume Asens que en estos últimos tiempos ha encontrado opiniones variables por parte del PSOE, que han ido desde el inicial interés a la iniciativa hasta, más recientemente, la oposición.