El estirón de orejas de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas para que aplique la ley de amnistía y se deje de más subterfugios es tan claro y tan nítido que ese órgano colegiado, formado por doce consejeros con un mandato de nueve años —seis del Congreso y seis del Senado—, debería bajar las orejas y dejar de estar en rebeldía. La respuesta al movimiento de la consejera ponente que emplazó el lunes a la Fiscalía y a las acusaciones a una nueva ronda para que busquen ahora si hay fondos europeos en el gasto del 1-O y de la promoción de Catalunya es tan extemporánea que el fiscal jefe en el TCu, Manuel Martín-Granizo Santamaria, le ha respondido al Tribunal de Cuentas que lo que tiene que hacer es aplicar sin más demora la amnistía a los demandados. A diferencia del Tribunal de Cuentas, tras la sentencia del TJUE, la Fiscalía ha cambiado su posición por completo y así considera innecesario e improcedente todo lo que está haciendo para retardar la amnistía en esta causa de los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y los 33 altos cargos de los gobiernos de la época.
Es obvio que, desde el primer momento, el Tribunal de Cuentas se ha excedido en sus atribuciones y ha querido tener una posición claramente política para entorpecer primero el cierre de las actuaciones que había venido practicando y, más tarde, actuar como una línea más de defensa contra los independentistas. Así, actuó con una interpretación especialmente expansiva de la responsabilidad contable; abrió procedimientos que consideraba de naturaleza política y reclamó cantidades millonarias a dirigentes independentistas antes incluso de que hubiera sentencias firmes en otros ámbitos. Solo hace falta recordar su posición en la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción internacional del procés que el Govern llevó a cabo. En esta línea, el 2021, el Tribunal de Cuentas exigió varias fianzas por varios millones de euros a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los presidentes Mas y Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva. Todo ello para cubrir una eventual responsabilidad contable si acababan finalmente condenados.
Esperemos que el Tribunal de Cuentas recule y no acabe haciendo un ridículo superior al que ya ha hecho
En el fondo, no había nada. Pero la ponente Elena Hernáez Salguero, propuesta por el Partido Popular, debía hacer honor a los que le habían elevado al cargo y a su biografía, en la que aparece muy vinculada institucionalmente a la Comunidad de Madrid: fue letrada de la Comunidad, presidió el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la misma autonomía y ocupó diversos altos cargos jurídicos en gobiernos autonómicos del PP antes de llegar al Tribunal de Cuentas. Su papel ha ido muy en consonancia también con las posiciones del Supremo y así ha defendido una interpretación restrictiva de la aplicación de la Ley de Amnistía cuando existían dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión. De hecho, no existían y todo era una argucia para ganar tiempo y eso se sabía ampliamente, por más que se hicieran discursos e interpretaciones en contra. Todo es bienvenido cuando se trata de placar a un independentista. Fue ella quien decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a este procedimiento y que permitió suspender temporalmente la causa hasta que respondió el TJUE.
Esperemos que el Tribunal de Cuentas recule y no acabe haciendo un ridículo superior al que ya ha hecho. En política, las excentricidades te dan titulares y protagonismo, pero eso acaba pasando pronto. Lo que perdura son las meteduras de pata y querer mantener un protagonismo que no te toca. La sentencia del TJUE no le ha dejado margen, por más que caracolee y trate de reflotar el caso. La interpretación de la ley de amnistía deja pocos matices, aunque haya sectores de la judicatura o, en este caso, del Tribunal de Cuentas que quieran bucear en algo que nunca han hecho. Como que Elena Hernáez les ha dado diez días, veremos qué acaba decidiendo. Y si es antes de vacaciones, mejor, ya que nada lleva a demorar una situación como esta y la cultura del Tribunal Constitucional de aparcar lo dictado por el TJUE, irse de vacaciones y revisar los recursos a partir del 22 de septiembre tendría que estar prohibida.