La posibilidad real de que la reforma del Código Penal para suprimir la sedición y modificar los artículos correspondientes a los desórdenes públicos agravados —por ahora, un cambio peligroso de criminalización de la protesta— incluya también los ajustes necesarios sobre la malversación cuando no hay lucro personal o de terceros es una buena noticia. El PSOE se muestra dispuesto aparentemente a ello y así lo ha pactado con Esquerra a través de unas enmiendas parlamentarias que, de prosperar, dejarían fuera o rebajarían considerablemente las condenas de los ya procesados por el 1-O —sobre todo la inhabilitación para desempeñar cargo público— y de todos los altos cargos que están pendientes de sus respectivos juicios y tuvieron una participación según diferentes tribunales en la organización o realización del referéndum de independencia de 2017.

En esencia, se trata de volver a antes de 2015, cuando el entonces presidente Mariano Rajoy procedió a su modificación como amenaza a los independentistas, creyendo que así los tendría más controlados lo que, en la práctica, sería la amenaza de caminar por el filo de la navaja que ha acabado siendo la malversación. Rajoy fracasó, el movimiento independentista tiró por el camino de en medio y la justicia se aprovechó de ello imponiendo el Tribunal Supremo unas condenas del todo desmesuradas que en su conjunto sumaron más de cien años de prisión y los correspondientes de malversación.

Como en todas las cosas en que está Pedro Sánchez por en medio, tiendo a ser prudente y un poco más. Su fama de trilero le precede y prefiero esperar a que la modificación del Código Penal haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y ver qué nos depara primero la letra pequeña y, después, la interpretación de los jueces. Esperemos que el redactado ate corto a los magistrados y permita la mínima interpretación posible. Ahí está el caso de la ley del solo sí es sí, con la que, más allá de un redactado muy mejorable por parte del ministerio de Irene Montero, muchos magistrados han querido poner al Gobierno contra las cuerdas. 

El PP y Vox ya han decidido que llevarán el tema de la sedición y la malversación al Tribunal Constitucional, con la intención de que el acuerdo político no prospere. La ultraderecha, incluso, quiere hacer de este caso un elemento de controversia especial al plantear a los populares y Ciudadanos una moción de censura a Pedro Sánchez. La idea de Santiago Abascal es encerrar a Alberto Núñez Feijóo en un tema en el que los populares también están en contra y que también incluye su oposición a la reforma de la ley de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, rebajando el quorum de tres quintas partes a mayoría simple.

Feijóo, perdiendo fuelle en las encuestas, tiene una elección complicada: caer en los brazos de Abascal o acabar pareciendo un traidor al no seguir a pies juntillas su propio decálogo sobre el buen español. Ir en contra de todo tiene estas cosas, que tu terreno de juego cada vez es más pequeño.