Más de 1,5 millones de alumnos iniciarán el curso el próximo martes en una situación muy preocupante, ya que el Departament d'Educació y los sindicatos mantienen las espadas en alto y no hay indicios de que la huelga convocada para el primer día lectivo se vaya a levantar. La situación permanece enquistada y sin un horizonte de esperanza de llegar a un acuerdo. De hecho, la portavoz de USTEC, el sindicato mayoritario del sector educativo, ha sido contundente al ser preguntada por las posibilidades que había del uno al diez de que la huelga se suspendiera: "un uno", ha declarado, es decir, prácticamente ninguna. Y no parece un farol, ya que el curso pasado los centros educativos públicos de primaria y de secundaria en Catalunya vivieron un total de 22 días de huelga. La cifra asciende a 25 días si sumamos las tres jornadas específicas celebradas en las escuelas infantiles. Obviamente, fue de lejos el curso escolar con más incidencias que uno alcanza a recordar en la historia reciente.
Para este jueves, el departamento ha convocado sendas reuniones con USTEC y la CGT para intentar evitar la huelga, aunque el hecho de que durante el verano no haya habido negociaciones puede dar a entender que las dos partes aceptan la situación existente y su desenlace. De hecho, la USTEC ha pedido explícitamente al president de la Generalitat, Salvador Illa, que se implique personalmente en las negociaciones, algo que no sucederá porque se podría entender como una desautorización a la consellera Niubó y también por encontrarse ese día de viaje oficial en el extranjero. Illa seguirá, en este caso, el camino de sus predecesores que, pese a las reclamaciones del sector educativo, quedaron fuera de las negociaciones. Tanto Pere Aragonès, en las huelgas de 2022, como Artur Mas, durante los recortes salariales, dejaron las negociaciones en manos de los consellers Josep Gonzàlez-Cambray e Irene Rigau.
El temor a un curso repleto de huelgas no es, por tanto, una exageración. Y eso es una muy mala noticia
Aprovechando el fiasco del informe PISA, al quedar Catalunya invalidada de las comparativas de la OCDE por un inexplicable error, la consellera ha cesado a la secretaria general y ha abierto tres expedientes disciplinarios a funcionarios por ignorar las advertencias del Ministerio de Educación en las muestras de los exámenes. Una medida imprescindible y ya veremos si suficiente. En cualquier caso, una nueva responsable de la secretaría general y de facto número dos del departamento y el cambio el pasado invierno en la secretaría de Millora Educativa deberían ayudar a generar nuevas dinámicas entre los sindicatos y la administración, pese a que, si uno mira lo que reclama la USTEC y lo que ofrece el departament, están muy alejadas las posiciones.
Ese abismo entre las dos posiciones es el que impide avanzar y enquista cualquier conversación. Los sindicatos plantean reformas estructurales de calado como la incorporación de 15.000 profesionales o el blindaje de cláusulas salariales por el IPC, cuestiones ambas que la Generalitat ha considerado no posibles en una mesa de negociación. La Generalitat, en cambio, defiende el esfuerzo realizado en el nuevo presupuesto, en el que el incremento del departamento ha sido del 25 % respecto al último aprobado, en 2023. Los padres van a ser, al final, los que van a acabar pagando el pato de la situación, ya que es muy difícil que mejore con el horizonte de elecciones sindicales en el mes de marzo. Y, a medida que se acerquen, las posiciones serán más duras. El temor a un curso repleto de huelgas no es, por tanto, una exageración. Y eso es una muy mala noticia.