Después de muchas horas de confusión y de que el amplio espectro unionista -de allí y de aquí- diera paso a su profundo alborozo por la noticia, nadie va a detener a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal General de la Unión Europea les ha levantado, ciertamente, la inmunidad que les había concedido de manera cautelarísima ante el riesgo de que pudieran ser detenidos después que prosperara el suplicatorio en el Parlamento Europeo. Pero lo hace porque al presentar el juez Pablo Llarena unas prejudiciales en el TJUE, de facto, las euroórdenes que había emitido dejan de estar en vigor.

El verdadero alcance de la noticia se ve en algo tan sencillo como si altera en algo su agenda para los próximos días o semanas. Mientras desde diferentes instancias se le pedía al gobierno de Pedro Sánchez, con una ignorancia jurídica preocupante, que hiciera el máximo posible para que se detuviera inmediatamente a los tres eurodiputados, estos proseguían sus vacaciones en el sur de Francia, sin previsión alguna de cambio de agenda para este mes de agosto. Es más, la resolución del TGUE tiene un apartado garantista para los tres eurodiputados catalanes en el que se especifica que si volvieran a cambiar las condiciones que hicieran hipotéticamente posible que pudieran ser detenidos recuperarían la inmunidad perdida.

Por unas horas se pudo vivir la repetición de situaciones ya sucedidas anteriormente cuando fue detenido en Bruselas, en noviembre de 2017; en Alemania, en marzo de 2018; o en las diferentes ocasiones en las que ha prestado declaración en la capital comunitaria en 2019 y 2020 y ha acabado en libertad. Una ofensiva mediática para dar trascendencia a una noticia que tenía las consecuencias contrarias a la que ellos predicaban, ya que si alguna cosa hace es blindar a los tres eurodiputados. Aunque han pasado más de tres años, es difícil no recordar el júbilo con que fue recibida por el deep state la detención de Puigdemont y el convencimiento de que tribunal de Schleswig-Holstein lo entregaría a las autoridades españolas. Cuando el resultado fue el sabido, rechazo a la extradición, los europeos pudieron comprobar cómo respondían el gobierno de la época presidido por Mariano Rajoy: ataques al tribunal alemán y apresuradas declaraciones antialemanas y antieuropeas.

Puigdemont, Comín y Ponsatí van a poder realizar su actividad política por toda la Unión Europea con absoluta garantía de libertad, salvo España, claro está, que en esta y otras cuestiones se rige al margen de lo que dicta la justicia europea. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no tiene capacidad para hacer nada y sus perseguidos pueden si quieren seguir tomando el sol en Francia. Estaría bien que antes de cantar victoria, leyeran la letra pequeña y, a buen seguro, se ahorrarían algo muy importante siempre, como es hacer el ridículo.