La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este jueves con euforia la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos en una causa relacionada con su pareja, Alberto González Amador. “Hoy el mundo sabe qué está pasando en España”, ha afirmado la dirigente popular en un mensaje publicado en la red social X, tanto en castellano como en inglés. Según la mandataria madrileña, “toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular”.

"En este banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", continúa el mensaje de Ayuso. La presidenta madrileña ha celebrado la sentencia como una victoria personal y política, y ha reivindicado la figura de su pareja, que ejercía de acusación particular contra el fiscal general del Estado. Según fuentes cercanas a Ayuso en declaraciones a la agencia Efe, la decisión del Supremo representa "un éxito sin precedentes de la democracia", ya que, a su juicio, demuestra que "un ciudadano ha sido capaz de derrotar al aparato del Estado" que, aseguran, se ha movilizado en su contra por el simple hecho de mantener una relación con la mandataria.

Dos años inhabilitado y multa de 7.200 euros

El Supremo ha condenado a García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra González Amador, al que ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales. La decisión no ha sido tomada por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, Polo era la magistrada ponente, es decir, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha hecho que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó al fiscal general del Estado, que asuma esa función.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. Solo se conoce un párrafo, el del fallo: "Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años".